El Congreso de Guatemala aprobó hoy en tercera lectura la Ley de Acceso a la Información que obliga a las entidades públicas a rendir cuentas de su gestión y del uso de los recursos estatales.

No obstante, los diputados dejaron pendiente para dentro de dos semanas la redacción final de cada uno de los artículos de la legislación.

La iniciativa, presentada desde hace ocho años en el Parlamento, ha sufrido numerosos obstáculos a pesar de ser considerada como un instrumento necesario para combatir el enriquecimiento ilícito y transparentar la gestión estatal.

La ley obliga a las instituciones del Estado, a las autónomas, privadas y no gubernamentales que manejen fondos públicos a informar a la ciudadanía sobre el uso de ese dinero.

Asimismo, establece multas y hasta penas de prisión para los funcionarios que de una manera arbitraria nieguen el acceso a estos datos a quien los solicite.