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Denuncian impunidad respecto a caso Hudbay Minerals en Guatemala
Por MGT/ISM - Guatemala, 2 de mayo de 2017

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) está preocupada hoy por la impunidad en Guatemala, particularmente respecto al caso del exjefe de seguridad de la empresa Hudbay Minerals, otrora casa matriz de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

Este caso demuestra la impunidad que impera en Guatemala y los obstáculos que encuentran las comunidades indígenas en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, declaró el director del ente para Centroamérica, Ramón Cadena.

Denunció que en casi todos los casos, no es posible aclarar la verdad de los hechos, porque hay personas poderosas involucradas y las y los jueces las protegen.

En Guatemala se siguen dando numerosos hechos de violencia y muertes de líderes comunitarios y ataques a campesinos, por problemas derivados de la conflictividad agraria, explotación de recursos naturales, construcción de hidroeléctricas o por los nuevos cultivos asociados a biocombustibles, señaló la CIJ.

Destacó el Hudbay como uno de los casos más graves de la segunda posguerra mundial, por cuanto se refiere al uso de la violencia extrema contra dirigentes comunitarios que defienden su territorio y al asesinato, en medio de ello, del maestro y líder local Adolfo Ich.

El crimen, cometido el 27 de septiembre de 2009, no es el único que mostró la criminalidad de los agentes del consorcio minero en medio de la represión desatada contra los pobladores de El Estor, municipio del departamento de Izabal, negados a aceptar el proyecto de ferroníquel Fénix.

En ese ámbito fue herido gravemente German Chub Choc, quien quedó parapléjico de por vida, lo cual se sumó a la violación sexual contra 11 mujeres mayas q´eqchí de la zona en el contexto de un desalojo efectuado dos años antes por guardias privados de seguridad de la Hudbay Minerals.

Según la CIJ, todos esos hechos se mantienen en total impunidad, a pesar de su gravedad y de las vastas pruebas ofrecidas por la Fiscalía y por los querellantes adhesivos.

El 6 de abril de 2017 la jueza de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Izabal, Ana Leticia Peña, conoció el caso por los dos primeros delitos y dictó fallo por medio del cual absolvió al coronel retirado Mynor Ronaldo Padilla, recordó.

La togada también ordenó la liberación inmediata del exjefe de seguridad de la empresa, en un proceso en el cual se dieron una serie de irregularidades, como excluir al público y a periodistas de la sala por presuntas razones de seguridad y mantener las puertas cerradas, agregó.

Refirió, a su vez, que la jueza citó a las partes en diferentes fechas para la lectura de la sentencia respectiva, pero pese a que las mismas acudieron a la convocatoria esta nunca fue leída so pretexto de que continúa sin ser finalizada.

Ello contradice el artículo 390 del Código Procesal Penal, el cual establece que se debe dar lectura a la sentencia, a más tardar, dentro de los cinco días siguientes al pronunciamiento del fallo, puntualizó la CIJ.

mgt/ism

 

Fuente: www.prensa-latina.cu


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de un terreno sobrevalorado en casi un millón de dólares.

Otras dependencias implicadas en irregularidades son las direcciones generales de Migración, Aeronáutica Civil y de Caminos, el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) y el Fondo Guatemalteco para la Vivienda (FOGUAVI).

FONAPAZ erogó miles de dólares para la construcción de viviendas en las localidades de Panabaj y Santiago Atitlán, las más afectadas por la tormenta Stan, sin embargo, éstas nunca se edificaron.

Se detectó también que en 712 proyectos habitacionales de FOGUAVI hay irregularidades, como uso de menos material o de diferente calidad, incumplimiento de los plazos de entrega y falta de supervisión.

De acuerdo con el informe cada vivienda fue sobrevalorada en por lo menos seis mil quetzales (unos 780 dólares).

La Contraloría tiene una lista de más de 30 personas, incluyendo diputados y alcaldes, que podrían estar implicados en negocios dudosos con ese programa.