Campesinos, indígenas, sindicalistas
y guatemaltecos de los estratos más pobres ratificaron
hoy su decisión de acudir a un paro nacional los días
8 y 9 de junio próximos para protestar contra la indolencia
del gobierno.
Más de un centenar de movimientos y organizaciones
sociales, encabezadas por campesinos, indígenas y
asalariados, convocaron a un paro que tendrá como
objetivos claves rechazar el recién firmado Tratado
de Libre Comercio (TLC) entre Guatemala (como parte de Centroamérica)
y Estados Unidos.
La demostración de descontento incluye igualmente
el repudio de amplios sectores a los desalojos violentos
(23 en este año) de labriegos ocupantes de fincas
en demanda de tierra para trabajar, vivir y tener acceso
a la alimentación.
El paquete impositivo que el gobierno del presidente Oscar
Berger pretende sea aprobado en el congreso, iniciativa que
ha dominado el debate político nacional en las últimas
semanas, será objeto de agudas críticas por
ser considerado impopular y favorable a los intereses del
gran capital.
Según Rodolfo Pocop, líder del Frente Nacional
Común Maya Campesino, el "gran paro nacional
2004" se realizará desde las primeras horas del
martes 8 hasta la tarde del jueves 9, en todo el país,
interrumpiendo las actividades habituales en fronteras, algunos
aeropuertos, puertos y las principales carretera.
El objetivo es paralizar todas las actividades productivas
del país, incluidas las clases en las escuelas e institutos
públicos, advirtieron varios dirigentes populares,
al señalar que esta se prevé sea la más
grande protesta que encare Berger y su equipo, desde que
tomaron posesión el pasado 14 de enero.
Además, se programan concentraciones frente a edificios
públicos, particularmente los de los Ministerios de
Economía, Finanzas, Educación, Agricultura
y Alimentación, el Congreso y la sede del ejecutivo.
Los miembros de las organizaciones civiles, incluidos maestros
públicos por contrato que reclaman plazas fijas y
mejores salarios, reclamarán al mandatario que someta
a referéndum popular la ratificación del TLC
con Washington, ante la presunción de que será desventajoso
para el país y, sobre todo, para los más pobres.
A comienzos de esta semana, Berger descartó efectuar
un referéndum sobre la eventual ratificación
parlamentaria del TLC, pese a lo que piden algunos diputados
guatemaltecos. "No creería que haga falta hacer
una consulta popular para algo que vemos con mucha objetividad
y como una gran oportunidad", justificó.
Estudiantes, docentes y otros trabajadores de la estatal
Universidad de San Carlos de Guatemala planean una alianza
con jubilados, campesinos, indígenas, vendedores de
mercados populares y otras personas, para bloquear carreteras,
edificios públicos e instalaciones de interés
estratégico.
Daniel Pascual y Nery Barrios, dirigentes de la Coordinadora
Nacional Obrero Campesina y de la Unidad de Acción
Sindical y Popular, respectivamente, consideraron que el
ya bautizado como paquetazo fiscal y los desalojos de labriegos
evidencian el desinterés del ejecutivo en atender
las demandas de las mayorías.
"Lo que tiene que escuchar el gobierno es que la gente
se está muriendo de hambre, vive en malas condiciones,
(el precio de) la canasta familiar es inalcanzable y, encima,
quieren poner más impuestos", fustigó el
líder magisterial Jovial Acevedo.