La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) consideró como una prueba de la debilidad existente hoy en el sector justicia, la libertad condicional otorgada al ex fiscal de Delitos contra la Vida Álvaro Matus.

Matus estaba acusado de conspiración y de obstruir las investigaciones sobre el asesinato del ex asesor del ministerio de Gobernación Víctor Rivera, cometido en abril de 2008.

Sin embargo, fue exonerado de estos cargos y sólo deberá responder por abuso de poder e incumplimiento de deberes.

Se le asignó, además, una fianza de 15 mil quetzales (unos mil 920 dólares) y en lugar de enviarlo a prisión preventiva se le otorgó arresto domiciliario.

Carlos Castresana, director de la CICIG, cuestionó la conducta del Ministerio Público y del magistrado Rolando Rodríguez e insistió en que los elevados índices de impunidad en el país obedecen a una red enquistada en los aparatos de justicia. De acuerdo con el jurista, si el 98 por ciento de los crímenes permanecen sin castigo, esto demuestra el fracaso de todo el sistema.

Castresana prometió demostrar la conspiración en el caso de Matus y llevar ante los tribunales a los demás implicados, entre los cuales podría haber más miembros de la fiscalía, jueces, abogados, políticos e, incluso, periodistas.

“Si, naturalmente estamos investigando a todos estos sectores”, aseguró el titular de la CICIG.

Por su parte Verónica Godoy, de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública, lamentó la debilidad de las acusaciones presentadas contra el ex fiscal porque, dijo, fomentan aún más la desconfianza de la población.

“Hay que establecer si el accionar de la Fiscalía fue deliberado, respondió a presiones o se trató de un claro ejemplo de incompetencia”, señaló Godoy.

Durante el trabajo de Álvaro Matus en el Ministerio Público conoció también otros casos de alto impacto, como la muerte de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su chofer.