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Anulan juicio por masacre en Guatemala
Por LAC/RR - 5 de febrero de 2005

Con indignación fue recibida hoy la decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CCG) de anular un juicio a 16 militares autores de una de las peores matanza ocurridas durante 36 años de guerra interna.

La masacre ocurrió en Dos Erres, Petén, a 450 kilómetros al norte de aquí, en 1982, cuando un comando élite contrainsurgente Kaibil atacó esa localidad en busca de simpatizantes de la guerrilla, mató a tiros a 226 civiles indefensos y los arrojó luego a un pozo.

Cuatro de los responsables de aquel genocido fueron llevados a los tribunales pero la CCG ordenó a un juez suspender y dejar sin efecto el proceso judicial contra los 16 soldados implicados, a quienes le otorgó los beneficios de la Ley de Reconciliación Nacional (1996).

Esa ley concede amnistía tanto a militares y como a guerrilleros participantes en los enfrentamientos bélicos y según su interpretación, la CCG dictaminó que cubre también a quieres cometieron delitos como es el caso de esta matanza colectiva.

Pero la Fiscalía y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) señalaron que la amnistía no cubre asesinatos masivos, sistemáticos e indiscriminados de niños, mujeres y hombres porque ese es un "crimen de lesa humanidad".

El caso judicial de la masacre de Dos Erres fue abierto en 1994 y cinco años después, en marzo de 1999, dos ex oficiales del Ejército declararon ante el tribunal y ofrecieron detalles de aquellos siniestros sucesos.

Desde entonces los acusados de perpetrar la masacre se encuentran prófugos de la justicia, recordó FAMDEGUA y alertó que esta decisión de la CCG es considerada desastrosa por constituir un precedente para otros juicios a autores de genocidio.

La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas calculó que más de 200 mil personas perecieron y desaparecieron durante cientos de matanzas ocurridas en la guerra civil guatemalteca (1960-1996).

El 26 de abril de 1998 fue asesinado el obispo capitalino Juan Gerardi por informar de una investigación que responsabilizó al Ejército de haber cometido la casi totalidad de las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante la contienda.

En el 2001, el gobierno entregó 1,8 millones de dólares a familiares de las víctimas del conflicto armado y pidió disculpas por el comportamiento del Ejército, pero tales gestos fueron considerados insuficientes por FAMDEGUA y el caso no quedó cerrado.

Tomado de www.prensalatina.com.mx


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