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Fallo en juicio por racismo, decepciona a acusadores
Por TGJ/UCL.- Guatemala, 5 de abril de 2005

La condena a tres años y dos meses de cárcel conmutables contra cinco personas, emitida hoy por un tribunal de Guatemala, sentó un precedente inédito en este país, aunque decepcionó a la parte acusadora en ese proceso.

Por primera vez en la historia de esta nación, el Tribunal Décimo de Sentencia sancionó a cinco procesados por los delitos de discriminación racial, amenazas y coacción, de los que fue víctima la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú.

La medida punitiva también contempla el delito de desorden público contra el Estado, dado que los encartados actuaron de forma violenta en la sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad (CC) cuando agraviaron a Menchú con expresiones racistas.

De acuerdo con el fallo, que había suscitado gran expectativa aquí, Juan Carlos Ríos, Ana Cristina López, Mirna Orellana, Elvia Morales y Enma Samayoa deberán cumplir tres años y dos meses de prisión, si no pagan una multa impuesta como medida alterna.

El tribunal decidió tres años y dos meses de prisión conmutables a razón de 75 quetzales (casi 10 dólares) por día, que junto con una multa impuesta suma cinco mil quetzales (unos 660 dólares).

Además, todos los sindicados quedaron impedidos de ejercer sus derechos políticos hasta que purguen la pena.

Los encartados gritaron a Menchú "andá a vender tomates a La Terminal (populoso mercado capitalino)" e "india shuca" (término despectivo para referirse a los indígenas), el 9 de octubre de 2003, durante la vista en la CC.

Ese día se decidió la inscripción del ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983) como candidato presidencial a las elecciones de 2003, y en medio del júbilo sus correligionarios agredieron verbalmente a Menchú y otros activistas de derechos humanos.

De los acusados, Juan Carlos Ríos es nieto del ex gobernante de facto, mientras Ana Cristina López es diputada al Parlamento Centroamericano por el Frente Republicano Guatemalteco, el partido que dirige Ríos Montt.

Contrario al fallo conocido hoy, el Ministerio Público (MP) y el abogado de Menchú habían solicitado al tribunal la pena máxima para los cuatro delitos, que sumaba 10 años de cárcel, además de eventuales multas.

En base a la legislación vigente, se esperaba que se dictaran cuatro años por discriminación racial (tipificada desde 2002), tres por amenazas, dos por coacción y uno por desorden público.

Según el MP, los acusados fueron identificados por la víctima y varios testigos que se encontraban en la sede de la CC el referido día, así como por peritos en lingüística que argumentaron las connotaciones racistas de sus insultos.

Para el fiscal Marco Tulio Escobar, se pidió una sentencia condenatoria máxima "para sentar un precedente en este país", donde son marginados y discriminados los indígenas, pese a representar más del 50 por ciento de los 11,2 millones de habitantes.

"Una sentencia absolutoria significaría legalizar el racismo", comentó, por su lado, Benito Morales, representante de Menchú y querellante adhesivo en el proceso, quien pidió, además, una indemnización económica equivalente a unos 99 mil 800 dólares.

Ese monto se utilizaría para el tratamiento médico por el "estrés postraumático crónico" causado a la agraviada, explicó.

Tomado de www.prensalatina.com.mx


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