Como diálogo de sordos calificó hoy la diputada Alba Estela Maldonado la interpelación al ministro de Economía, Marcio Cuevas, sobre los daños que ocasionará a Guatemala el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
La citación a Cuevas se hizo para que los parlamentarios tuvieran una visión más profunda sobre las implicaciones del acuerdo, pero las imprecisiones y vaguedades de las respuestas causaron mayor confusión, dijo Maldonado.
La diputada de la ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca fue la promotora de la interpelación y planteó 11 preguntas al ministro, cuyas explicaciones causaron gran inconformidad en el pleno.
Cuevas no fue capaz de identificar la cuantía de los daños que sufrirán la economía informal, la agricultura primaria y los pequeños y medianos productores de Guatemala cuando entre en vigencia el TLC, declaró a Prensa Latina la legisladora.
Tampoco supo explicar la manera en que se negoció el acuerdo y las exigencias adicionales planteadas por Estados Unidos cuando ya había sido aprobado en el Congreso de la República.
El funcionario se vio en apuros para explicar supuestos acuerdos verbales entre los equipos negociadores, los cuales sirvieron de base a Washington para plantear mayores concesiones por parte de Guatemala.
Según Maldonado la incoherencia en las respuestas del ministro resulta inexplicable pues participó en todas las negociaciones, primero como representante de la cúpula empresarial y más tarde como titular de Economía.
Más que incapacidad, señaló, parece existir una decisión política de no informar sobre determinados aspectos del proceso.
La inconformidad por las respuestas del responsable de la cartera de Economía se extendió a otras bancadas, las cuales se sumaron al interrogatorio que continuará la próxima semana.
Incluso uno de los promotores del TLC, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Mariano Rayo, manifestó su desacuerdo con las respuestas del ministro Cuevas.
Al finalizar el proceso los diputados decidirán si apoyan o no la ley de Implementación del TLC, para cuya aprobación reciben intensas presiones del sector empresarial y de la embajada de Estados Unidos en esta capital.