Personas de 17 países enviaron más de 60.000 postales pidiendo a los tribunales juzgar a los genocidas de Guatemala, y se solidarizaron con las víctimas de la guerra fratricida que vivió este país durante 36 años (1960-1996), infomaron hoy activistas humanitarios.

"Las postales son para presionar a las autoridades para que cumplan con su deber y solidarizarse con el pueblo guatemalteco en su lucha por la búsqueda de justicia", señaló el dirigente del Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Miguel Angel Albizúris.

Las postales llegaron de Irlanda, Estados Unidos, Canadá, México, Holanda, Francia, Japón, Australia, Inglaterra, Dinamarca, Bélgica, España, Alemania, Suiza, Suecia, Malta y de Guatemala.

Los presuntos culpables de genocidio son el ex presidente Romeo Lucas García (1978-1982) y el ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), según un informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra presentado en 1999, bajo auspicio de las Naciones Unidas.

Tomando como base ese informe, las entidades presentaron una denuncia contra Lucas García en mayo de 2000 por 10 masacres en igual número de comunidades y en junio de 2001 hizo lo mismo contra Ríos Montt por 12 masacres.

La campaña de apoyo a la denuncia fue impulsada internacionalmente por CALDH y la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) desde hace un año, informó Albizúris.

La campaña consistió en elaborar diversas postales para enviarlas a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía, así como a la AJR, las cuales fueron entregadas hoy a las autoridades encargadas de la administración de justicia.

El tesorero de AJR, Antonio Caba, comentó que dentro del proceso se han presentado a declarar más de 100 testigos directos de las masacres ocurridas en las 22 comunidades y han sido entregadas 1.244 actas de defunción de las víctimas de la política de genocidio. Sin embargo, lamentó que a cuatro años del primer proceso y tres del segundo, los avances de las investigaciones son muy lentos.

Caba se quejó igualmente de que a la recepción de las postales no asistiera ninguna alta autoridad de la Corte Suprema y de la Fiscalía, lo cual "muestra la poca voluntad para hacer justicia".

Según el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, auspiciada por la ONU, el Ejército cometió 626 masacres y la guerrilla 36, y 448 aldeas fueron arrasadas, provocando el desplazamiento de más de un millón de personas.

El director del departamento legal de CALDH, Fernando López, lamentó "la nula aplicación de justicia en los casos de violaciones de derechos humanos durante la guerra", al comentar que de un total de 50.000 ejecuciones extrajudiciales, solamente en un caso ha habido condena.