El rechazo a un pacto comercial con Estados Unidos y a las concesiones del gobierno a transnacionales para proyectos mineros e hidroeléctricos dominaron el escenario social de Guatemala en la semana que hoy concluye.

De acuerdo con activistas sociales, el Tratado de Libre Comercio firmado por Centroamérica y República Dominicana con Washington (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés) lacerará aún más la soberanía de los países de la subregión".

"Mantenemos nuestro rechazo por las consecuencias nefastas para el país, principalmente, porque no se puede hablar de igualdad de condiciones, cuando se establece con una de las naciones más poderosas del mundo", afirmó el líder sindical Edwin Ortega.

En declaraciones a Prensa Latina, Ortega recordó que Guatemala, como el resto del istmo y República Dominicana, tiene una economía débil, por lo que se le impone una competencia desigual, con efectos adversos en lo social y económico.

Las declaraciones del líder de la Coordinadora Nacional Sindical y Popular (CNSP) se produjeron como reacción a la firma del mencionado tratado por parte del presidente norteamericano, George W. Bush, a inicios de semana.

Ortega calificó de deplorable la forma en que la Cámara de Representantes sancionó la semana pasada el acuerdo comercial (con 217 votos a favor y 215 en contra).

"Eso demuestra -dijo- que la democracia, aún en Estados Unidos, es débil, ya que prácticamente fue aprobado a expensas de presiones y concesiones que se tuvieron con grandes transnacionales".

Tanto la CNSP como la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) y la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), entre otras agrupaciones populares, ratificaron su decisión de persistir en el rechazo al TLC y al modelo neoliberal vigente aquí.

"Se mantendrá la resistencia en el país y en el istmo, llamaremos a las organizaciones a hacer un frente común de resistencia, con capacidad real de contradecir y revertir las disposiciones para implementar el DR-CAFTA", apuntó Ortega.

Por otro lado, representantes de 42 organizaciones sociales, campesinas, ambientales y académicas de Guatemala exigieron la cancelación de estudios para construir represas y de las concesiones mineras y petroleras a empresas transnacionales.

Los demandantes consideraron que esos proyectos afectarán a los pueblos y fijaron su postura luego de conformar el denominado Frente Nacional contra las Represas, durante un encuentro en el norteño departamento de Petén.

Unos 300 dirigentes y miembros de instancias populares pidieron al Congreso nacional que desista de conocer y aprobar las Leyes de Concesiones y de Agua, "que es el marco legal que esperan las empresas transnacionales para privatizar los recursos", acotaron.

De acuerdo con la declaración final del Frente, actualmente hay 17 hidroeléctricas en funcionamiento que han provocado inundaciones, desplazamiento, despojo de recursos naturales, muerte y destrucción.

Además, otras 33 están en proyecto en las demarcaciones de Alta y Baja Verapaz, Petén, Quiché, Zacapa, Chiquimula, Izabal, Retalhuleu, Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos, donde se pretenden instalar, sin el consentimiento de la población.