Independiente de España desde el 15 de septiembre de 1821, la historia política de Guatemala ha estado impregnada de enconadas luchas por el poder, golpes de Estado y dictaduras, y apenas breves períodos de primavera democrática.

La situación ha sido tal que sólo tres tiranos, Rafael Carrera, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico gobernaron 66 años en total, lo que significa el 35 por ciento de la existencia del país.

De hecho fue realmente hasta mediados del siglo XX que Guatemala salió de un régimen semifeudal y entró a la modernidad, gracias a los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz, instalados tras la Revolución del 20 de octubre de 1944.

En una década se eliminaron el trabajo gratuito y los castigos corporales a obreros y campesinos, se otorgó el voto a las mujeres, nació el Código de Trabajo y tuvo lugar una reforma agraria que puso límites al latifundio, si bien no lo eliminó por completo.

Tales transformaciones causaron la ira de los oligarcas nacionales, sectores militares y la jerarquía religiosa, quienes apoyaron la intervención de Estados Unidos para dar al traste con el proceso nacionalista y revolucionario, en junio de 1954.

La frustración de la población, la brutalidad de la contrarrevolución que hizo del anticomunismo una doctrina de Estado y las pugnas entre los grupos poderosos para afianzarse en el poder, marcaron la turbulenta segunda mitad del siglo pasado.

No es casual que el brillante poeta y narrador guatemalteco Luis Cardoza y Aragón diagnosticara con amargo realismo que "hubo 10 años de primavera, en este país de la eterna tiranía".

Entre 1954 y 1966 Guatemala vivió un magnicidio -Carlos Castillo Armas, cabecilla de la intervención contra Árbenz-, dos presidentes fugaces, una junta militar, un golpe de Estado -contra Miguel Idígoras- y el gobierno de facto de Enrique Peralta Azurdia.

En esos años comenzó a prepararse la lucha insurgente, cuyo inicio está en el alzamiento del 13 de noviembre de 1960 del cual surgió el líder revolucionario Luis Augusto Turcios Lima, fundador de las Fuerzas Armadas Rebeldes.

La imposibilidad de derrotar a la guerrilla y el fracaso del gobierno civil de Julio César Méndez Montenegro (1966-1970) dieron paso a un cambio de estrategia de los grupos de poder que consistió en militarizar la política y la administración del Estado.

Así, entre 1970 y 1982 y bajo la fachada de elecciones sin legitimidad alguna, se sucedieron varios gobiernos que no eran sino una rotación de mandos militares, cuya característica fue un endurecimiento sin precedentes de la represión contra la población.

Cuando el engranaje comenzó a fallar se optó por el drástico correctivo de un nuevo golpe de Estado, esta vez contra el general Romeo Lucas García, quien habría intentado perpetuar a un grupo cercano a él en el poder.

El 22 de marzo de 1982 tomó las riendas del gobierno el también general Efraín Ríos Montt, lo que dio paso a uno de los períodos más sangrientos del conflicto armado interno con la aplicación a fondo de la política de tierra arrasada.

En el ínterin, las agrupaciones insurgentes habían logrado un buen paso de avance con la creación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el funcionamiento de la Comandancia General para coordinar acciones a nivel interno e internacional.

La ausencia de victorias militares, la presión nacional e internacional por los excesos cometidos por el ejército contra la población civil, así como el estancamiento económico en que estaba sumida Guatemala, dieron lugar a otro cambio de rumbo.

La implementación de la nueva estrategia estuvo a cargo de Oscar Mejía Víctores, quien convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y elecciones generales, consumándose así, en 1985, el denominado retorno a la institucionalidad.

Guatemala entró a una nueva etapa cuyo resultado más claro fue la participación en la Cumbre de Esquipulas para la pacificación en Centroamérica y el inicio de negociaciones con la URNG para finalizar el conflicto armado interno.

Este período no estuvo exento de sobresaltos, como el autogolpe perpetrado por Jorge Serrano Elías en 1993, resuelto nuevamente por la cúpula militar, que puso al frente del ejecutivo al Procurador de los Derechos Humanos Ramiro de León Carpio.

Guatemala tuvo la oportunidad de consolidar un sistema democrático inclusivo y con equidad tras la rúbrica de la Paz Firme y Duradera entre el ejército, el gobierno y la URNG en diciembre de 1996, pero los acuerdos quedaron lejos de su aplicación.

El fracaso de la consulta para elevarlos a rango constitucional, la falta de voluntad política de los sectores de poder y las divisiones del movimiento insurgente, contribuyeron a esta situación.

Llega entonces el país a los comicios de 2007 con el gran reto de resolver las graves carencias de un sistema todavía incipiente, donde más que el voto en las urnas es el dinero para las campañas y los pactos políticos lo que determina a los ganadores.

No se espera, sin embargo, que del actual proceso vayan a surgir grandes soluciones, aunque se va dando una lenta toma de conciencia en sectores habitualmente marginados de la lucha por el poder, como los pobres, los jóvenes, las mujeres y los indígenas.

Más que de los partidos políticos, las esperanzas parecen llegar de un movimiento social cada vez más articulado y dispuesto a ejercer presión por sus reivindicaciones y recuperar, por fin, aquellos 10 años de democracia, perdidos en la eterna tiranía.