Ser conductor de autobús en Guatemala constituye hoy una profesión peligrosa y no es por la gran circulación vehicular o las carreteras de una geografía montañosa, sino por los asaltos, extorsiones y asesinatos de que son víctimas.

Sólo este año más de 60 choferes y ayudantes perdieron la vida por resistirse a un atraco o negarse a pagar el llamado "impuesto" exigido por los delincuentes.

Y es que en esta capital y en otras ciudades del interior las pandillas juveniles, conocidas como maras, piden a los transportistas entre 100 y 300 quetzales diarios (de 13 a 40 dólares) para poder circular.

El problema se extiende también a los buses extraurbanos, asaltados con frecuencia en las carreteras por bandas que desvalijan a todos los viajeros y muchas veces hieren o matan al chofer o algún pasajero.

"En verdad ya no soportamos esta ola de violencia", dijo el presidente de la Asociación de Empresarios de Buses Extraurbanos, Oscar Albizures, quien anunció la posibilidad de un paro nacional del transporte, si el gobierno no adopta medidas de seguridad.

La dirección de la Policía Nacional Civil (PNC) reconoce el incremento de la violencia contra los trabajadores de ese sector, pero argumenta que no cuenta con el número suficiente de agentes para dar seguridad a todas las unidades.

Un proyecto del gobierno de utilizar fuerzas combinadas del ejército y la PNC en los buses de las áreas de peligro, no logró frenar la delincuencia y recibió severas críticas de la ciudadanía por involucrar a soldados en tareas ajenas a su competencia.

Ante el incremento de los crímenes y los paros parciales realizados por los pilotos en esta capital y otras ciudades, el jefe de Estado, Oscar Berger, destinó a 250 elementos de la guardia presidencial a tareas de vigilancia.

Pero hasta ahora estas medidas aisladas han sido infructuosas para resolver un problema que requiere de respuestas integrales.

El presidente de la Asociación de Transportistas de la ciudad de Guatemala, Luis Gómez, solicitó a la PNC aumentar la vigilancia en las paradas y dentro de los autobuses.

Exigió también una mayor eficacia de los tribunales, pues de 500 capturas realizadas en los últimos meses contra presuntos ladrones, apenas cuatro de ellos fueron condenados y el resto están de nuevo en las calles.

Los gremios propusieron, además, crear una comisión integrada por el ministerio Público y el de Gobernación, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y representantes de los transportistas para resolver un problema que afecta a toda la sociedad.

"Nosotros somos el eje del movimiento en la capital, transportamos a la fuerza laboral, pero desgraciadamente las autoridades no reconocen nuestro trabajo", dijo un conductor que pidió el anonimato.

Más de un millón de guatemaltecos se mueven a diario en los tres mil buses que circulan en esta ciudad, de los cuales al menos mil sufren extorsiones y 280 son asaltados, según datos de la Asociación de Transportistas.

Además de la pérdida de vidas humanas, los daños económicos son cuantiosos ya que en esta urbe cada empresa debe pagar como promedio 10 mil quetzales semanales -unos mil 325 dólares- a las denominadas maras.

De seguir por este camino el transporte urbano y extraurbano podría enfrentar una grave crisis, que lo obligue a cerrar rutas, ante las dificultades de encontrar personas dedicadas a esta necesaria, pero riesgosa labor.