Organizaciones sociales guatemaltecas convocaron para hoy nuevas manifestaciones en esta capital en defensa de las leyes del Adulto Mayor y de Planificación Familiar, que beneficiarán a amplios sectores.

Grupos de la tercera edad se concentrarán frente a la Corte de Constitucionalidad para expresar su rechazo a la decisión de ese órgano de amparar provisionalmente el veto presidencial a ambas legislaciones.

Los manifestantes demandarán la publicación y entrada en vigor de la Ley del Adulto Mayor, que obliga al Estado a conceder una pensión a los ancianos sin protección de la seguridad social.

Mientras, organizaciones de mujeres se reunirán con abogados y especialistas en asuntos legales para analizar las medidas que adoptarán en defensa de la Ley de Planificación Familiar.

La citada normativa establece la responsabilidad del Estado en garantizar la educación sexual y los métodos anticonceptivos para que las personas puedan decidir sobre su vida y su familia.

Luz Méndez, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, declaró a Prensa Latina que se ha tratado de tergiversar el contenido de esta ley, al presentarla como promotora del aborto, cuando en realidad el propósito es prevenir los embarazos.

También se pretende hacer ver que la legislación limita la potestad de los padres sobre sus hijos, sin embargo, el objetivo es ofrecer educación sexual a niños, adolescentes y jóvenes.

Con ello, asegura, se evitarían los embarazos no deseados, sobre todo en adolescentes, las familias tendrían la oportunidad de elegir el número de hijos y se reducirían de manera drástica los índices de mortalidad infantil y materna.

"Esta es una ley que nos ha costado mucho y la vamos a defender hasta lograr su promulgación y entrada en vigencia", aseguró Méndez.

La Corte de Constitucionalidad fijó un plazo de 48 horas al Congreso de la República para la presentación de un informe detallado sobre las razones por las cuales dio vigencia a las dos leyes vetadas por el Organismo Ejecutivo.

A partir de ahí el máximo tribunal constitucional tiene hasta tres meses para pronunciarse sobre ambas normativas.