En el Día Mundial de la Salud, celebrado hoy en todo el planeta, los guatemaltecos se aprestan para jornadas de reclamo por este derecho, cada vez más limitado y fuera del alcance de las grandes mayorías.

El próximo martes en las principales ciudades del país se realizarán marchas para rechazar un proyecto de ley propuesto por la cúpula empresarial, cuyo objetivo es privatizar todo el sistema hospitalario.

Luis Lara, secretario general del sindicato de los trabajadores de este sector, declaró a Prensa Latina que aún sin la vigencia de esa legislación, muchos de los servicios ofrecidos por los nosocomios públicos son, de hecho, onerosos para la población.

"Se ha creado -dijo- un sistema denominado de recuperación de costos debido al cual los pacientes deben pagar una suma de dinero según sea la atención que reciben".

De esta manera -explicó Lara- aunque la consulta con el médico sea gratuita todo lo que sigue a partir de allí tiene un precio, como análisis de laboratorio, exámenes radiográficos o de ultrasonido, aún cuando se realicen dentro del mismo hospital.

El mecanismo para establecer estos cobros son los denominados "patronatos", donde confluyen empresarios o representantes de organizaciones no gubernamentales y que presuntamente fueron creados para contribuir a la administración del sistema.

En la práctica, sin embargo, solo funcionan para obtener ganancias a través de un servicio que -de acuerdo con la Constitución de la República- debiera ser gratuito, aseguró el dirigente sindical.

Aunque el lema del Día Mundial de la Salud es invertir para forjar un porvenir más seguro, Guatemala tiene el índice más bajo del gasto social en estos servicios de toda América Central con menos del uno por ciento del Producto Interno Bruto.

Esto se refleja directamente en los elevados índices de mortalidad general, con un promedio de 158 fallecimientos por día, de los cuales 36 corresponden a niños menores de cinco años.

En 2006 el personal médico de los hospitales estatales realizó un paro parcial de labores durante casi seis meses para obligar al gobierno a incrementar el presupuesto del sector, el cual sin embargo aún es insuficiente para dar atención a la población.