Diputados guatemaltecos impidieron la votación para aprobar la Ley contra el Crimen Organizado, la cual proporcionaría herramientas al Estado para combatir uno de los flagelos más graves que afectan hoy a la sociedad.

Varias bancadas optaron por retirar del Congreso de la República a sus legisladores para evitar que se alcanzara el número de 105 de diputados presentes en la plenaria, mínimo necesario para sacar adelante el proyecto.

La decisión se tomó a pesar de un acuerdo alcanzado hace un par de semanas entre la directiva del parlamento y los jefes de los bloques, quienes pactaron aprobar la normativa por el procedimiento conocido como de urgencia nacional.

Ahora se tendrán que esperar varias semanas, pues los diputados -actualmente en receso legislativo- decidieron no convocar a sesiones extraordinarias mientras dure el Campeonato Mundial de Fútbol, previsto del 9 de junio al 9 de julio de este año.

La Ley contra el Crimen Organizado ya fue aprobada una vez por el pleno del Congreso, el pasado 30 de marzo, pero con una serie de errores graves que motivaron la repulsa pública y el veto del presidente Oscar Berger, quien la devolvió para su reelaboración.

Esa normativa reducía a la mitad el castigo previsto en el Código Penal para 28 delitos de alto impacto, entre ellos el secuestro, asesinato y narcotráfico.

Además, aunque se creaba la figura de asociación para cometer delitos, se le dejaba sin castigo y quedaban fuera de la categoría de crimen organizado actividades como tráfico de armas, producción y distribución de pornografía y robo de vehículos.

El escándalo fue tan grande que el mismo Congreso pidió al ejecutivo que vetara la ley y la remitiera de nuevo para su corrección, en una decisión considerada sin precedentes en el país.

Desde entonces ha sido imposible poner de acuerdo a los legisladores y uno de los últimos obstáculos fue la propuesta de excluir del marco de este proyecto los delitos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

También quedó pendiente la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, considerado como un instrumento indispensable para mejorar el proceso de investigación criminal, una de las principales deficiencias del sistema de justicia de Guatemala.