La decisión final sobre la extradición a Guatemala del ex presidente Alfonso Portillo por el delito de malversación de fondos, está hoy en manos del ejecutivo de México, confirmaron aquí autoridades judiciales.

La semana pasada la jueza mexicana Judith Sánchez dictaminó que no existen pruebas suficientes contra el ex gobernante y recomendó a la Secretaría de Relaciones Exteriores desistir del proceso en su contra.

Juan Luis Florido, Fiscal General de Guatemala, expresó su extrañeza por la decisión, aunque dijo desconocerla a fondo porque no ha sido notificado oficialmente por los tribunales, ni la cancillería del vecino país.

En todo caso -sostuvo- la medida carece de vinculación obligatoria y el gobierno de México puede no acatarla, por lo que el proceso sigue abierto.

Los tribunales guatemaltecos emitieron una orden de captura contra Portillo en junio de 2005 por la transferencia anómala al ministerio de la Defensa de 16 millones de dólares, de los cuales al menos cuatro millones fueron a parar a cuentas de amigos suyos.

Para entonces, el ex presidente ya estaba en México, a donde se fugó en febrero de 2004, apenas un mes después de entregar su cargo y cuando estaba a punto de ser citado a declarar sobre este y otros casos de corrupción.

De inmediato se solicitó su captura a la Procuraduría General de ese país, pero sus abogados lograron que se le dictara libertad provisional con la obligación de presentarse cada semana a firmar un libro de registro.

Tras el fallo de la jueza, Portillo podría recuperar su libertad total y además evadir el proceso de extradición, con lo cual el caso quedaría impune.

El fiscal anticorrupción de Guatemala, Carlos Patricio Rodríguez, recordó que el gobierno de México tiene ahora un plazo de 20 días para tomar una decisión al respecto.