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Exigen amplia visión social en modernización ejército
Por Ulises Canales - 9 de abríl de 2004

Mientras ciertos grupos consideran prematura la reducción del ejército de Guatemala, diversos sectores exigen hoy al gobierno asumir la modernización de la institución castrense con amplia visión social, en beneficio de la salud y la educación.

Desde que el pasado 1 de abril el presidente guatemalteco, Oscar Berger, anunció que disminuirá a 15 mil 500 los cerca de 27 mil efectivos que se afirma poseen las Fuerzas Armadas (FF.AA.) como parte de un proceso de reestructuración, el tema prevalece en la vida política nacional, sin el consenso esperado.

Aunque la mayoría de los activistas de derechos humanos, académicos, líderes sindicales y campesinos o ciudadanos comunes califican de positiva la decisión oficial, otros la consideran prematura, al estimar que requiere un diagnóstico general previo de todo el aparato castrense.

Como elemento favorable, sobresale el cumplimiento a lo estipulado en el acuerdo de paz relativo al papel del ejército en una sociedad democrática y la disminución del presupuesto militar para trasladarlo a otros rubros como la seguridad interna.

Además, en una sociedad como la guatemalteca -aún con las cicatrices de 36 años de conflicto armado en los que los militares violaron de forma sistemática y flagrante los derechos humanos- la contracción de ese aparato, siempre es bienvenida a nivel social.

La iniciativa contempla no sólo la desmovilización de unos 12 mil efectivos -entre oficiales, tropa y personal civil-, sino también la venta de activos de las FF.AA. a fin de obtener fondos para pagar las prestaciones del programa de retiro militar.

A tal efecto, el gobierno ordenó crear una comisión presidida por el inspector general del ejército, Marco Tulio García, para determinar qué bienes de la institución serán puestos a la venta.

Sin embargo, un hecho negativo -coinciden muchos aquí- es que los desmovilizados engrosarán las filas de desempleados y que se elevarán las erogaciones por concepto de pensiones del Instituto de Previsión Militar para los que aportaron a dicha prestación.

De hecho, la venta de los activos (zonas militares, destacamentos, fincas e instalaciones propiedad del Estado que fueron adjudicados al ejército) es asumida por analistas como un proceso solapado de privatización que, como otros tantos, poco o nada beneficiará a las mayorías.

En ese sentido, diferentes sectores señalan la necesidad de que las bases militares sean convertidas en instituciones de bienestar para la población en general, particularmente en escuelas, institutos tecnológicos civiles y hospitales regionales.

Iduvina Hernández, del Centro para la Defensa de la Democracia, calificó de privatización el negocio que prevé hacer con esos bienes el gobierno de Berger (conformado en su mayoría por empresarios) y se inclinó porque algunos sean habilitados como museos para albergar parte de la atribulada historia nacional.

En similar línea se pronunciaron los líderes de la Coordinadora Nacional Sindical y Popular, Edwin Ortega, y del Grupo de Apoyo Mutuo, Mario Polanco, al sugerir que esas instalaciones sean centros de recreación y capacitación para trabajadores estatales, en particular víctimas del conflicto reprimidas por los militares.

Polanco valoró de ilógico quitar una posibilidad de desarrollo a la población, sólo para pagar al ejército, mientras el coronel (r) Mario Mérida favorece primero el fortalecimiento de instituciones a las que las FF.AA. apoyan, como la Policía Nacional Civil y otras como los cuerpos de socorro.

Un ingrediente asimilado con acritud por algunos sectores lo aportó la diputada de la opositora Alianza Nueva Nación, Nineth Montenegro, quien afirmó que en Guatemala se carece -al menos públicamente- de datos reales acerca de la cantidad de efectivos que tiene la institución armada.

Con su declaración, Montenegro- especializada en el Congreso desde hace cuatro años en dar seguimiento al aparato castrense y el manejo de su presupuesto- puso en duda si habrá una disminución efectiva en el número de elementos y de fondos.

Mientras la comisión ordenada por Berger anunciará para después de Semana Santa una primera idea de qué activos son vendibles, allegados al gobierno aseguran que, aunque se quiera, no es posible convertir bienes en escuelas u hospitales, pues más importante que la educación o la salud es ahora conseguir fondos para indemnizar.

En un primer momento serán dados de baja o se acogerán al programa de retiro voluntario unos siete mil 500 elementos, quienes junto a más de 600 mil ex paramilitares que exigen resarcimiento, constituirían una fuerza potencialmente desestabilizadora si ven perjudicados sus intereses personales.

Tomado de www.prensalatina.com.mx


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