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Bastó menos de un día para "persuadir" al gobierno
Por TGJ/Ulises Canales L.- 9 de juniol de 2004

Las 48 horas previstas para un paro nacional, que debía concluir este miércoles, sobraron para que amplios sectores populares de Guatemala consiguieran arrancar -bajo presión- importantes compromisos al gobierno de Oscar Berger.

Todavía sin reponerse de la jornada de pacífico caos causada por las manifestaciones de decenas de miles de campesinos, indígenas, sindicalistas, sectores femeninos, estudiantiles y otros, el país amaneció hoy con un ambiente menos polarizado socialmente, aunque es innegable que persiste una mezcla de optimismo y escepticismo.

El centenar de organizaciones populares que intervino en las más de 12 horas del paro en casi toda la nación calificó de éxito total sus acciones, básicamente por conseguir que representantes de los tres poderes del Estado accedieran a involucrarse directamente en su pliego reivindicativo.

Para el ejecutivo, quizás el mayor beneficio de las tratativas fue haber conjurado una especie de tregua de 90 días con el movimiento popular, pues en ese tiempo no se realizará ningún tipo de demostración pública y masiva, a la espera de que las autoridades puedan mostrar su voluntad de atender las demandas.

No obstante, en presencia del vicepresidente Eduardo Stein, los líderes indígenas Rodolfo Pocop, del Frente Común Maya Campesino, y Gilberto Atz, de la Coordinadora Nacional Obrero Campesina (CNOC), subrayaron que lo logrado se debió a la pujanza de los estratos más empobrecidos, que desafiaron incluso amenazas oficialistas.

Para unos fue una victoria de mayas sobre ladinos (clase dominante blanca), para otros, se asistió al triunfo de la razón sobre la terquedad, según lo definió Orlando Blanco, de Plataforma Agraria, pues el gobierno cedió a final de cuentas a cosas a las cuales se había negado, o había desoído, antes del paro.

El presidente Berger, en lo que concierne al poder Ejecutivo, se comprometió a que su bancada en el Congreso (la derechista Gran Alianza Nacional, GANA) no impulsará "en su versión original" la aprobación del paquete fiscal que desató las protestas, junto al alza de precios, los desalojos campesinos y otras acciones.

Según explicó Stein, el mandatario accedió a que la iniciativa de ley tributaria no incluya el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 por ciento, ni el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para quienes devengan anualmente hasta 36 mil quetzales (cuatro mil 500 dólares), tal como demandaron sectores sociales.

Berger aseguró que luchará contra todas las prácticas de evasión y defraudación fiscal, en una admisión implícita de las denuncias populares que señalan como los principales transgresores de la ley a los funcionarios y oligarcas allegados al poder.

Tampoco avalará que se graven las bonificaciones y prestaciones laborales como aguinaldos, mientras que en materia agraria promovió un análisis de los artículos del Código Penal relacionados con los delitos de usurpación y usurpación agravada, ante la presunción de que estén siendo tipificados y aplicados indebidamente.

La intención es que el comisionado presidencial para la reforma del Estado presente una iniciativa de ley al Congreso "consensuada y discutida con representantes de la sociedad civil", precisó el vicemandatario Eduardo Stein.

Con 23 desalojos violentos de labriegos sin tierra, en apenas cinco meses de gobierno, se corrobora que en Guatemala los mayores conflictos sociales se verifican en el campo, donde factores estructurales de desigualdad originaron una guerra interna de 36 años (1960-1996), con saldo de unos 200 mil muertos y desaparecidos.

Tomando en cuenta datos del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), pese a que en 1996 se firmó la paz, la pobreza extrema aumentó del 16 al 21 por ciento entre 2000 y 2002, básicamente en el área rural, donde se elevó de 24 a 31 por ciento.

Por ello, en 90 días el ente encargado del conflicto de las tierras, CONTIERRAS, deberá analizar las causas de los conflictos agrarios y para ello se crearán los mecanismos que le permitan presentar propuestas de iniciativas de ley y políticas públicas para resolver los pleitos de manera sostenible.

Además, en 15 días, CONTIERRAS podría entrar a solucionar casos concretos de esos litigios, a partir de las facultades y fondos que tiene del Ministerio de Agricultura, se indicó.

Por otro lado, el ejecutivo afirmó que a partir de julio próximo divulgará ampliamente los contenidos del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos a toda la población y en todas las lenguas indígenas, con el fin de que se conozcan los pro y contra de ese pacto, que igualmente fue desencadenante del paro.

Tomado de www.prensalatina.com.mx


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