Los trabajadores del sistema de la salud marcharán hoy en esta capital y otras ciudades de Guatemala para protestar contra un proyecto de ley que pretende privatizar los servicios y aplicar políticas laborales de corte neoliberal.

La propuesta forma parte del denominado Plan Visión de País, elaborado en 2006 por empresarios, universidades privadas y profesionales, y entregado al Congreso de la República para su aprobación.

Esta iniciativa se basa en cuatro ejes fundamentales: educación, seguridad, salud y desarrollo rural, y su presunto objetivo es promover el crecimiento económico del país para el año 2020.

Para lograrlo, sin embargo, plantean la reducción del papel del Estado en la prestación de los servicios, sobre todo en aquellos que pueden ofrecer ganancias, los cuales pasarían paulatinamente a manos de empresarios.

En las relaciones con los trabajadores proponen la denominada flexibilización laboral, que elimina la función tutelar del gobierno y deja a los obreros al libre albedrío de los patronos, quienes pueden decidir e imponer las reglas de contratación.

Uno de los pilares del Plan Visión de País, el referido a la educación, fue eliminado luego de una masiva marcha de los maestros en todo el país en marzo pasado, tras la cual los legisladores decidieron engavetar esa parte del proyecto.

Este martes miles de personas recorrerán las calles de las principales urbes para demandar a los diputados hacer con la denominada Ley Marco de la Salud lo mismo que se hizo con la de Educación.

De seguir adelante con ese plan, desaparecerán los hospitales públicos, donde la mayoría de la población de escasos recursos aún puede recibir una mínima atención a un bajo precio, dijo a Prensa Latina Luis Lara, dirigente del gremio.

La salud, un derecho ya precario y vedado para muchos guatemaltecos, se convertirá en una mercancía que funcionará con la lógica del mercado, buscando ganancia y no bienestar, aseguró Lara.

Denunció además que el Plan Visión de País ya es un efecto del Tratado de Libre Comercio firmado el pasado año con Estados Unidos, cuyos beneficios van exclusivamente a empresarios locales y las corporaciones transnacionales.