Los tribunales de Guatemala ordenaron hoy la liberación de 29 campesinos detenidos el pasado 31 de agosto durante el violento desalojo en la finca Nueva Linda, en el departamento de Retalhuleu (suroeste).

La resolución fue dictada por el juez de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, Juan Luis Nufio, quien alegó "falta de méritos" para encauzar a los labriegos que repelieron la acción de los agentes de las Fuerzas Especiales Policíacas (FEP).

Debido a la brutalidad policial en el desalojo perecieron siete campesinos y tres policías, en tanto otras 30 personas resultaron heridas y 39 están desaparecidas.

Según Nufio el Ministerio Público (MP) no pudo comprobar los delitos que se les imputaban a los campesinos, entre ellos los de asesinato, asesinato en grado de tentativa, portación ilegal de armas, sedición e instigación para delinquir.

Esas dos personas serán escuchadas la próxima semana, según indicó el letrado.

El anuncio de la liberación se conoció luego de pronunciamientos de sectores civiles, líderes políticos y campesinos, así como de grupos defensores de los derechos humanos que exigieron la excarcelación y que se sancione a las autoridades que ordenaron la expulsión en Nueva Linda, sin tomar en cuenta advertencias previas.

Informes recabados por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) refieren que la policía fue advertida de que los labriegos estaban armados y dispuestos a repeler el desalojo, pues demandaban se esclareciera el paradero de uno de sus dirigentes, desaparecido el 5 de septiembre de 2003.

La Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT) condenó en un comunicado el violento desalojo y reclamó una investigación exhaustiva e imparcial.

El texto responsabilizó a los policías de varios delitos y violaciones de los derechos humanos, entre ellos ejecución extrajudicial, tortura, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales, tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas detenidas y detención ilegal de menores.

Cuatro periodistas locales que cubrían los hechos también fueron agredidos por parte de las fuerzas de seguridad, y despojados de sus cámaras y equipos de trabajo cuando filmaban a un uniformado que golpeaba a un labriego herido de muerte.

Ante las reacciones populares, el presidente guatemalteco, Oscar Berger, creó una comisión de alto nivel encabezada por la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, para investigar los hechos y aclarar minterrogantes.

La PDH y el Congreso nacional, por separado, también abrieron indagaciones sobre la desaparición de 39 personas, entre ellos 25 niños hijos de los labriegos.