La polémica militarización de la policía guatemalteca se incrementará esta semana cuando se incorporen 300 miembros más del ejército al patrullaje en las principales ciudades, se conoció hoy.

En vísperas de las fiestas de navidad y fin de año, cuando se recrudece la violencia sufrida habitualmente por los guatemaltecos, el gobierno pondrá en marcha el plan de seguridad "Guadalupe-Reyes", que prevé el aumento de soldados en funciones policiales.

Actualmente hay otros 600 militares cumpliendo tareas de vigilancia en zonas capitalinas consideradas como las más conflictivas, así como en 29 rutas de autobuses urbanos.

Además, desde el pasado 7 de abril se incorporaron a la policía dos mil 400 soldados retirados, y en septiembre pasado el presidente Oscar Berger anunció que para 2007 el número será de tres mil.

La medida provoca criterios contradictorios en el país, debido a que por un lado la violencia delincuencial resulta abrumadora para buena parte de la población, pero por el otro el ejército es una institución con muy pocas simpatías por su pasado reciente.

Organizaciones sociales y humanitarias como la Fundación Mirna Mack y el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos abogaron por el fortalecimiento y capacitación de la Policía Nacional Civil, surgida en base a los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla.

Según estas entidades la institución armada no está capacitada para la prevención del delito, ni es esa la función establecida para ella por la carta magna.

Incluso el director de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos, Frank La Rué, calificó como un error la creación de las denominadas fuerzas combinadas para combatir la delincuencia y poner freno a la violencia.

"El ejército no debe intervenir en seguridad ciudadana, a menos que sea de emergencia nacional" aseguró La Rué.

La ineficacia de la presencia de los uniformados en las calles la demuestran los índices de violencia, que se elevaron durante el año en todo el territorio guatemalteco, de acuerdo con un foro nacional organizado por la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Más de cuatro mil 680 homicidios y el asesinato de 562 mujeres en los primeros 11 meses del año indican la inexistencia de planes concretos y eficientes de prevención del delito, señalaron los participantes en el evento.

Fuente: www.prensalatina.com.mx