La existencia de más de mil conflictos agrarios es fuente hoy de grandes tensiones en Guatemala, país que ocupa el tercer lugar en América Latina con mayor porcentaje de población rural.

Funcionarios del gobierno encargados del tema admitieron que en estos momentos hay más de 600 mil personas, integrantes de 128 mil familias, con problemas de tierras, sobre todo en el norte del país.

En conferencia de prensa en esta capital, afirmaron que uno de los problemas fundamentales en el campo es que la situación se ha mantenido inalterable desde la segunda mitad del siglo XX.

De acuerdo con organizaciones humanitarias, el 62,5 por ciento de las áreas cultivables del país están en manos de 1,5 por ciento de terratenientes, mientras que 94,1 por ciento de la población apenas dispone de 18,6 por ciento de la tierra.

"Tenemos claro que el agro necesita reformas integrales y estructurales", declaró Mariel Aguilar, secretaria de Asuntos Agrarios de la Presidencia.

Aguilar consideró que estos problemas sólo podrán resolverse mediante el diálogo y la negociación y anunció que en mayo próximo el gobierno presentará una política agraria con medidas de corto, mediano y largo plazos para solucionar cada uno de los conflictos.

El anuncio se produce una semana después de que organizaciones indígenas y campesinas convocaran a un levantamiento nacional para los próximos días, ante la falta de respuesta del gobierno a un pliego de peticiones de nueve puntos.

Pedro Esquina, dirigente de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, calificó como una burla un informe enviado por las autoridades, donde no se da respuesta a ninguno de los temas planteados.

Las demandas, presentadas durante una gran marcha en esta capital, incluyen el cese de los desalojos violentos, la solución de los conflictos de tierra y el fin de las concesiones mineras a compañías extranjeras.

Para el diputado Pablo Monsanto, secretario general del Partido Alianza Nueva Nación, la solución del problema en el campo pasa por una reforma agraria integral y radical que incluya, incluso, modificaciones a la Constitución.

Resolver esta situación es un imperativo en Guatemala, un país donde más de la mitad de la población vive en las áreas rurales.