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Campesinos recaban investigación foránea de desalojos
Por LAC/Ulises Canales L.- 12 de mayo de 2004

Organizaciones de indígenas y labriegos de Guatemala acusaron hoy a la policía nacional de emplear la fuerza desmedida y la tortura en los desalojos de campesinos que ocupan fincas, y pidieron una investigación foránea del tema.

Juan Tiney, líder indígena, declaró a periodistas que la situación de la violencia en el área rural contra los campesinos sin tierra es insoportable y por ello recabaron que una misión de la organización Amnistía Internacional (AI) visite el país para que investigue y se pronuncie.

Según Tiney, activistas de la oficina en Londres de AI programan un viaje a Guatemala en las próximas semanas para indagar acerca de la violencia contra los labriegos y otras aristas de los conflictos agrarios.

El dirigente denunció que, además del uso excesivo y del saqueo en los operativos de desalojo ejecutados por la fuerza pública, "se han dado varios casos de tortura" de campesinos y líderes comunitarios.

Tal postura ha sido avalada por el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, al afirmar que la institución a su cargo ha verificado los abusos y ha instado a las partes a conducirse con mesura para evitar mayores incidentes.

Incluso, el director de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), Frank La Rue, admitió que en los primeros cuatro meses de gestión del presidente Oscar Berger (un hacendado y finquero del sector azucarero) se han registrado varios desalojos (12), cuando en el anterior gobierno no se verificó ninguno.

"Muchos de los conflictos que se dan en el interior son de origen laboral. Había (antes) resoluciones de tribunales de trabajo a favor de campesinos que han sido incumplidas, sin embargo, como por arte de magia se están dando resoluciones de tribunales penales que piden el desalojo", reconoció el activista de derechos humanos.

Agregó que ante esa situación, "con mucha celeridad el Ministerio de Gobernación ordena el uso de la fuerza pública", lo cual causa preocupación, pues las decisiones de un juez de trabajo no se aplican y las de uno penal se ejecutan con rapidez.

El vocero de la Policía Nacional Civil, Oscar Pivaral, negó las acusaciones de excesos y violencia, y aseguró que los operativos de desalojo de las fincas invadidas se han dado "con mucha profesionalización y con base en orden de juez".

Reconoció, sin embargo, que "en algunos operativos" han recurrido al uso de la fuerza debido a que los agentes que se disponen a cumplir las órdenes son recibidos por los campesinos invasores "con piedras, palos y hasta con armas de fuego".

Plataforma Agraria (PA), instancia que aglutina a una veintena de organizaciones indígenas y campesinas, denunció que los efectivos policiales preparan otros 20 desalojos en los próximos días en cuatro departamentos del país.

Esa entidad instó a las autoridades a destinar unos 116 millones de dólares para atender los problemas más apremiantes del agro y los litigios de tierra, y reiteró el llamado a Berger para que evite la violencia, pues el propio titular de la COPREDEH advirtió que el ambiente en el campo guatemalteco "es de alto riesgo".

 

Tomado de www.prensalatina.com.mx


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