La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala exigió que autoridades forenses revelen los informes sobre las causas de la muerte de 10 personas durante un violento desalojo, se conoció hoy.

El reclamo lo realizó Alex Toro, auxiliar de la PDH en el departamento de Retalhuleu, donde el pasado 31 de agosto murieron tres policías y siete campesinos en un enfrentamiento cuando los primeros ejecutaban una orden de expulsión de labriegos de la finca Nueva Linda.

Según Toro, la institución abrió un nuevo expediente en torno al caso, dirigido ahora contra el médico forense de esa demarcación Mario Ovando, a quien se le requirió el mismo día de los incidentes datos que permitieran sustentar denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a los agentes policiales.

La PDH acusó a Ovando de vulnerar el derecho al libre acceso a la información, pues incumplió el plazo de cinco días que se le concedió para brindar un reporte circunstanciado que incluyera copia de los informes forenses a partir de las autopsias practicadas a los cuerpos de los fallecidos.

Testimonios reproducidos por la prensa local citaron a campesinos que aseguraron ver al menos uno de sus compañeros fallecidos por un disparo en la cabeza, según indicios por un tiro de gracia luego de ser golpeado de forma brutal.

Personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público (MP) recibió el sábado las denuncias de labriegos heridos durante el violento suceso en Retalhuleu, quienes insistieron en que fueron atacados por las fuerzas de seguridad con armas de fuego, lo cual han negado las autoridades de gobierno.

De forma paralela, se conoció que la Policía Nacional Civil (PNC) capturó el viernes en el departamento de Quetzaltenango (suroeste) a Daniel Baíl López, sindicado de ser uno de los líderes del movimiento campesino que repelió el desalojo de Nueva Linda.

El arresto de Baíl ocurrió el mismo día en que el juez de Primera Instancia Penal de la ciudad de Quetzaltenango, Juan Luis Nufio, ordenó la liberación de 29 campesinos detenidos el 31 de agosto, por "falta de méritos" para encauzarlos.

Según Nufio, durante el proceso de instrucción de cargos el MP no pudo comprobar los delitos imputados a los campesinos, entre ellos los de asesinato, asesinato en grado de tentativa, portación ilegal de armas, sedición e instigación para delinquir.

Por su lado, la PDH y otras organizaciones de derechos humanos aportaron evidencias de que los agentes de la PNC pudieron haber incurrido en ejecución extrajudicial, desaparición forzada, allanamiento sin orden de juez, detención ilegal de menores y amenazas de muerte contra periodistas.