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Denuncian en CDH regreso de prácticas represivas
Por RC/OOL.- Ginebra, Suiza, 13 de abríl de 2005

Las prácticas de “limpieza social” en Guatemala, en las que podrían estar involucrados militares en funciones de seguridad pública, fue denunciado hoy por Sergio Morales Alvarado, procurador de Derechos Humanos de esa nación.

El funcionario calificó de alarmante la aparición en la vía pública de numerosos cadáveres con tiros de gracia y señales de tortura, lo que sugiere la vuelta a ominosas prácticas represivas.

Al hablar ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aquí ocupa su penúltima semana, alertó de violaciones a los acuerdos de paz que pusieron fin, en 1996, al conflicto armado en la tierra del quetzal.

Pareciera que el Estado renuncia a la profesionalización y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad civiles, aseveró y criticó que los cuerpos policiales estén siendo alojados en cuarteles militares.

Refirió que activistas de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y religiosos siguen siendo víctimas de atentados, hostigamientos y amenazas, “sin que las autoridades profundicen en las investigaciones”.

Mencionó la violencia, discriminación, exclusión e impunidad como flagelos que atentan contra la democracia en Guatemala, así como la presencia del crimen organizado y transnacional.

Se trata del país que ostenta uno de los mayores índices de muertes violentas en la región. Durante el 2004 fueron asesinadas violentamente cuatro mil 507 personas, de ellas 497 mujeres. De los hechos reportados una mínima parte es perseguida penalmente, dijo el procurador.

Agregó que el Estado, con poca capacidad de respuesta a los problemas nacionales, fácilmente recurre a prácticas represivas y de criminalización de la protesta social, como ocurrió frente a recientes acciones de desalojo de campesinos y manifestantes por agentes del orden, indicó.

Morales Alvarado recordó que desde el año 2002 propuso la creación de una comisión investigadora de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, con participación de funcionarios de Naciones Unidas, lo cual no tuvo respuesta.

Reclamó la urgencia de establecer en Ciudad de Guatemala una sede de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, pero su petición no ha tenido eco aquí, a pesar de que otros países sí son señalados por la CDH en la materia.

Contrastó que los avances en la formalidad legal y democrática no impactan en el mejoramiento del nivel de vida de la población. Dijo que la pobreza abarca al 56 por ciento de los guatemaltecos, pero se extiende al 82 entre los habitantes de las zonas rurales, donde predominan los indígenas.

La gran desproporción en la distribución de la tierra configura una estructura agraria injusta que, explicó, es fuente de violencia, protestas y violaciones a los derechos humanos.

Tomado de www.prensalatina.com.mx


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