El incremento de la violencia, la influencia del crimen organizado y la debilidad institucional convierten hoy la campaña proselitista en Guatemala en una de las más convulsas, coinciden en señalar la sociedad civil y observadores electorales.

De acuerdo con la organización Mirador Electoral, en la presente campaña se han registrado 50 agresiones contra dirigentes de partidos, candidatos y funcionarios, con el saldo de 36 muertos y 16 heridos.

Las agrupaciones más golpeadas por este flagelo son la Unidad Nacional de la Esperanza, primera en intenciones de voto, con 16 militantes asesinados, seguida por la Gran Alianza Nacional, el Partido Patriota y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

"Este proceso electoral se ha perfilado desde ya como el más violento desde el retorno a la institucionalidad en 1985", consideró la fundación Mirna Mack.

La entidad humanitaria denunció, además, el creciente asesinato de conductores de autobuses urbanos y la posibilidad de que estos crímenes sean provocados para favorecer a candidatos cuyo discurso está basado en las ofertas de seguridad a la población.

Para la fundación, la impunidad con que se cometen estos hechos demuestra la debilidad e inoperancia de los órganos de justicia y de seguridad para contener la delincuencia.

A esto se añade -señala- la exposición de los partidos a la influencia del crimen organizado, especialmente al narcotráfico, que ha logrado penetrar las organizaciones mediante la fuerza.

El Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, coincidió en que el acercamiento del crimen organizado a las disputas de poder es una de las causas de la violencia.

Las amenazas de estos grupos llevaron, incluso, a partidos políticos a evaluar la posibilidad de no presentar candidaturas a alcaldes, sobre todo en departamentos del oriente y el norte del país.

Morales identificó a un total de 117 municipios afectados por la confrontación política y la criminalidad.

Tanto el Defensor del Pueblo, como la Iglesia Católica y otras entidades llamaron al gobierno a garantizar la seguridad de los votantes cuando el 9 de septiembre acudan a las urnas para elegir al presidente, vicepresidente, diputados y gobiernos municipales.