Incertidumbre, tensión e irregularidad en los servicios públicos son los efectos inmediatos de un paro nacional que realizan hoy agrupaciones populares de Guatemala para protestar contra un acuerdo comercial con Estados Unidos.

Varios establecimientos comerciales del centro de la capital guatemalteca permanecieron cerrados, mientras algunos colegios privados y escuelas públicas no abrieron, pese a orientaciones contrarias del Ministerio de Educación.

El servicio de buses urbanos es irregular y el de los vehículos interprovinciales, si bien los empresarios declinaron unirse a la protesta, admitieron que será inestable debido a los bloqueos de las vías con árboles, neumáticos, piedras y otros objetos.

La convocatoria al cese de labores fue hecha por el Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular (MICSP), que aglutina a casi una veintena de organizaciones, y recibió amplia aceptación por parte de instituciones y estratos sociales.

A la masiva demostración de descontento, que se espera se mantenga durante todo el día, respondieron más de tres mil estudiantes, académicos y trabajadores de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Los miembros de la USAC, encabezados por el rector, Luis Leal, marcharon por calles de la ciudad reclamando al gobierno realizar una consulta popular, antes de avalar la ratificación parlamentaria del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Washington.

Desde horas tempranas se comenzaron a reportar embotellamientos viales, debido a la concentración de campesinos, obreros y otros sectores sociales en las principales arterias de la urbe, en tanto en el interior se consumaron varios bloqueos de carreteras.

En las inmediaciones del congreso nacional y de la Casa Presidencial se mantiene un fuerte dispositivo de seguridad policial, con órdenes claras de reprimir, si se considera alterado el orden o alguna transgresión de la ley.

En un nuevo intento por minimizar las protestas, el presidente guatemalteco, Oscar Berger, dijo que en ellas participa "un pequeño grupo inconforme con todo" y advirtió que "si alteran el orden (.) los vamos a capturar, nadie quedará impune".

Rodolfo Pocop, dirigente sindical, rechazó esas declaraciones, y explicó que esa es la percepción del actual gobierno pues "los funcionarios creen que este país es una finca".

Mientras la tensión cobra fuerza entre manifestantes y uniformados prestos a reprimirlos, representantes de diferentes denominaciones religiosas abogaron por la sensatez de ambas partes, aunque mostraron simpatías hacia las reivindicaciones populares.

El presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, cardenal Rodolfo Quezada, criticó a las autoridades y al sector empresarial afín a éstas porque el paro nacional realizado el 1 de agosto de 2002 "era bueno, y hoy se critica el que se realiza".

El comentario aludió a una acción de la iniciativa privada para desestabilizar al gobierno del entonces mandatario Alfonso Portillo (2000-2004), donde, a diferencia de ahora, los patronos autorizaron a sus empleados el cese de labores.

Quezada aseguró en su homilía dominical que el TLC "fue negociado a espaldas del pueblo", y exhortó al gobierno a dejar de hacer "de abogado del sector empresarial".

A su vez, el ministro religioso Vitalino Similox, del Consejo Ecuménico de Guatemala, llamó a todos los sectores a manifestarse contra el TLC, porque "fue negociado sin el consenso del pueblo".