Alrededor de un centenar de indígenas mayas profesionales del Derecho anunciaron hoy la constitución de una asociación de abogados y notarios como contrapartida al sistema judicial de Guatemala, el cual tildaron de racista y excluyente.

Creada por 32 letrados fundadores y compuesta por más de 60 afiliados y asociados, la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala (AANMG) tiene el propósito de asumir procesos legales a favor de la mayoritaria población aborigen, que representa más del 50 por ciento de los 11,2 millones de guatemaltecos.

En declaraciones a Prensa Latina, el abogado Amílcar Pop, presidente de la AANMG, indicó que la prioridad será intervenir en litigios y temas de gran incidencia para los mayas, como pleitos jurídicos y otros vinculados a petróleo, conflictos de tierra, minorías, y la defensa del Derecho indígena.

Pop deploró que en un país definido constitucionalmente como multiétnico, pluricultural y plurilingüe nunca haya existido representación de magistrados indígenas en las Cortes ni en las 72 salas de apelaciones de la nación.

Al pronunciarse por un sistema jurídico nacional integrado por el Derecho oficial y el Maya, advirtió que "en la medida en que nuestra mentalidad jurídica no cambie, la estructura jurídica de este país no cambiará", por lo que definió como un principio inalienable la equidad étnica en el ámbito judicial.

Aseguró que los miembros de la AANMG poseen potencial y capacidad académicos en las diferentes ramas del Derecho y en particular en el Derecho fundamental, de ahí que sea inconcebible la ausencia de abogados mayas en instituciones de gran peso para el ordenamiento del país.

Entre los reclamos de la naciente institución está que las comisiones de postulación de magistrados de salas y de Cortes definan un perfil para la elección de magistrados, buscando que tengan capacidad profesional y académica demostrada, y sean defensores de los derechos humanos.

Recomendó que los magistrados conozcan los derechos individuales y colectivos de los indígenas, tengan experiencia de formación académica sobre multiculturalidad, pues "no es concebible un magistrado de Corte que a estas alturas de nuestra historia no entienda la realidad cultural de su país".

Los elegidos para esas funciones, además, deben ser impulsores del pluralismo jurídico, parte de la realidad nacional y de la sobrevivencia de los indígenas en ese tema, así como hablar los idiomas mayas en las regiones donde tengan jurisdicción y haya mayoría de esa población.

El sistema jurídico nacional, según propone la AANMG, debe estar en condiciones de incorporar el sistema jurídico indígena y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, una categoría encontrada y definida posterior a los acuerdos de paz de 1996, como un logro importante de la sociedad guatemalteca.

Tras insistir en que "somos un conjunto de profesionales mayas conscientes de su realidad histórica y comprometidos con la búsqueda del bienestar del pueblo maya", Pop reiteró que "están decididos a hacer valer los derechos individuales y colectivos de las comunidades aborígenes".