Los médicos de los principales hospitales públicos de Guatemala continúan hoy el paro iniciado hace 39 días por mejores condiciones laborales, a pesar de las amenazas del gobierno con despedir a los huelguistas.
"Al que no quiera trabajar no lo podemos obligar, pero obviamente vamos a tener que cancelarle los contratos", dijo esta semana el presidente Oscar Berger.
Los residentes de los 22 centros asistenciales rechazaron la víspera una propuesta del gobierno, considerada como inconsistente, y presentaron un nuevo proyecto, que será discutido este sábado entre ambas partes.
En su documento los facultativos exigen un compromiso formal de mantener la red hospitalaria abastecida con medicamentos e insumos y dan como plazo hasta el 21 de julio para distribuir los equipos más urgentes.
También demandan la ampliación presupuestaria para la cartera de salud a fin de efectuar las compras de este año y que durante el próximo ejercicio fiscal el gasto en este servicio llegue hasta el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Asimismo, piden al Congreso de la República la aprobación del Estatuto Médico y la presencia de parlamentarios en una comisión de de monitoreo para verificar el cumplimiento de lo acordado.
El gobierno dijo estar de acuerdo con la mayoría de estas solicitudes, pero sin establecer compromisos permanentes, ni fijar fechas concretas para cumplirlos.
La ministra de Finanzas María Antonieta de Bonilla calificó como muy difícil lograr una transferencia presupuestaria hacia el ministerio de Salud en lo que resta del año.
Aunque las dos partes, médicos y gobierno, expresaron su disposición de poner fin lo más pronto posible a la crisis hospitalaria, aún hace falta lograr que coincidan ambas propuestas y la firma de un acuerdo con suficientes garantías.
El desabastecimiento de medicinas, insumos y equipos, así como el pésimo estado de las instalaciones de atención a la salud fue denunciado desde hace varios meses por la Procuraduría de los Derechos Humanos, tras un monitoreo en todo el país.
Guatemala es la nación centroamericana que menor porcentaje del PIB dedica a estos servicios, con apenas el 0,9 por ciento, muy por debajo del tres por ciento establecido en los acuerdos de paz.
