Comunidades indígenas q'eqchi's exigieron hoy el cese de las actividades de la empresa minera EXMIBAL en el departamento de Izabal, nororiente de Guatemala, por considerarlas un peligro para la vida, la cultura y el medio ambiente.

Pobladores del Sector V del Consejo Comunitario de Desarrollo (COMUDE) de El Estor, en Izabal, expresaron que las labores de extracción destruyen los bosques, los ríos, las plantaciones, provocan enfermedades y violan los derechos indígenas contemplados en los acuerdos de paz suscritos en 1996.

Además instaron a respetar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referido a los derechos de los pueblos aborígenes, y pidieron a diputados guatemaltecos tomar cartas en el asunto.

"Exigimos el retiro inmediato de la EXMIBAL de las áreas ocupadas y una indemnización por los daños provocados a los cultivos, y que las reuniones convocadas por la comuna sean amplias, con la participación de los asesores y grupos pro derechos humanos", expresaron los q'eqchi's en un comunicado difundido este jueves.

El texto subrayó que los pobladores no han recibido información acerca de los proyectos mineros que realiza la referida empresa en El Estor y "están cansados de los engaños de las autoridades, especialmente la municipalidad, que favorece a las compañías y no a los indígenas".

Los campesinos e indígenas pidieron que, además de los diputados al Congreso por Izabal, intervenga el Fondo de Tierras para verificar la legalidad de la concesión a favor de la EXMIBAL.

Asimismo, demandaron la restitución en el cargo del representante comunitario ante el Sector V del COMUDE, Oscar Coy, y responsabilizaron al alcalde, Rigoberto Chub, de cualquier represalia que ocurra contra los dirigentes del movimiento opuesto a la actividad de la compañía canadiense.

Por otro lado, los comunitarios pidieron el fin de los desalojos campesinos ejecutados por fuerzas policiales, en particular los ocurridos recientemente en varios lugares de la Región Q´eqchi´, donde las familias han sido sacadas violentamente de sus propiedades ancestrales.

Actualmente, 385 regiones montañosas del país están en la mira de las empresas mineras, muchas de ellas realizando procesos de exploración y explotación, lo que es rechazado por entidades y activistas ambientales ante la presunción de que "el suelo quedará inservible y los recursos naturales desaparecerán".