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Álvaro Arzú y el peligro del olvido en Guatemala
Por la Redacción de Prensa Latina - Guatemala, 18 de octubre de 2017

La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal tiene en sus manos hoy la evaluación del pedido de antejuicio presentado contra el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, quien enfrenta los presuntos delitos de financiamiento electoral ilícito y peculado.

El 5 de octubre, el Ministerio Público (MP) y la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dieron a conocer el llamado caso Caja de Pandora y los hilos de una enredada madeja que involucra a Arzú en la utilización de fondos de la municipalidad durante el proceso electoral de 2015.

Facturas en blanco y plazas fantasmas en la sede capitalina aparecen también entre las pruebas aportadas por la Cicig, un órgano independiente con mandato de Naciones Unidas para la investigación de hechos corruptos de alto perfil en este país centroamericano.

La jueza quinta penal, Judith Secaida, deberá evaluar en los próximos días la denuncia presentada contra el jefe edil, quien no deja de acaparar titulares de prensa tras su reacción airada contra el jefe de la Cicig, Iván Velázquez, a quien calificó de persona no grata en la capital guatemalteca.

'Me tiene sin cuidado el antejuicio... Nos esperan luchas fuertes y yo voy a ir a la cabeza de ustedes', advirtió entonces Arzú en forma prepotente durante un discurso improvisado ante la municipalidad, después de irrumpir en la sede del MP donde se presentaba a los medios de prensa detalles de la Caja de Pandora.

Como primer punto de las diligencias, la jueza Secaida deberá fijar las citas para la parte acusadora y el denunciado, trascendió hoy.

Arzú ya enfrentó este año un proceso similar, en el que incumplió constantemente con las citas judiciales a tal punto que fue amparado por la Sala Tercera Penal, la misma que ahora tendrá que decidir si le retira o no la inmunidad.

El colectivo JusticiaYa alertó la víspera en sus redes sociales que la intención de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) era enviar el expediente a la Sala Segunda o Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal con el fin de exculpar a Arzú.

La CSJ rechazó semanas atrás dos solicitudes de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales y 107 diputados que votaron dos decretos para proteger a los secretarios de partidos políticos de financiamiento electoral ilícito y conmutar penas a los privados de libertad.

El lamado Pacto de Corruptos ocurrió el 13 de septiembre y fue el detonante para que los guatemaltecos se volcaran nuevamente a la Plaza de la Constitución y denunciaran el intento de legislar a favor de la impunidad.

Ante la presión popular, dos días después los legisladores dieron marcha atrás a los polémicos decretos, ahora en el olvido.

Analistas advierten el peligro de que se termine disponiendo que en Guatemala no pasó nada y que la corrupción es un invento de la Cicig y el MP.


Fuente: www.prensa-latina.cu


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