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Criminales allanamientos a grupos de DDHH
Por MGT/RR - Guatemala, 19 de febrero de 2005

Sectores sociales atribuyeron hoy al crimen organizado los allanamientos en siete oficinas de agrupaciones defensoras de los derechos humanos en lo que va de 2005, ante el "modus operandi" de esas acciones delictivas.

Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), señaló que el robo de computadoras con información del trabajo de esas entidades humanitarias induce a descartar que se trate de hechos de la delincuencia común.

En los siete allanamientos ejecutados este año, no han sido sustraídos objetos de valor, como dinero, impresoras y fotocopiadoras, indicó Polanco.

Para algunos analistas y activistas de derechos humanos, el móvil de estos hechos no ha sido el robo, sino la sustracción de las máquinas donde se almacenan archivos sobre las actividades que realizan las agrupaciones en pro de la defensa de los ciudadanos.

Al respecto, Polanco definió a los responsables como integrantes de bandas de violadores de las garantías individuales durante y después de la guerra (1960-1996), que hoy conforman estructuras del crimen organizado y se sienten protegidos por la impunidad.

Según el director del GAM, con esas acciones los autores pretenden dañar a las organizaciones, con el propósito de impedir el trabajo que realizan, pues tienen que poner atención a que sus oficinas no sean objeto de robo.

El columnista Adrian Zapata señaló que en el contexto de inseguridad ciudadana prevaleciente en el país, "resulta fácil provocar la incertidumbre sobre el origen de esos hechos, que se pueden enmascarar como actos de la delincuencia común".

Zapata ridiculizó las hipótesis malintencionadas que se han dado sobre esos incidentes, como que algún esposo denunciado por violencia intrafamiliar, en una acción individual, pudo haber asaltado y robado archivos porque la información lo afectaba.

Por su parte, el también columnista Haroldo Shetemul sostuvo que los responsables "podrían ser parte de un grupo de inteligencia clandestina, vinculado a sectores de poder, que tratan de armar un mapa de posibles agrupaciones peligrosas para el sistema".

Entre las agrupaciones allanadas están el Centro Evangélico de Estudios Pastorales en Centroamérica, el Consejo Nacional de Educación Maya, la Asociación de Hijos por la Verdad y la Justicia (HIJOS) y la Asamblea Consultiva de Poblaciones Desarraigadas.

También resultaron perjudicadas las sedes de la Defensoría de la Mujer Indígenas en la norteña ciudad de Cobán, la Defensoría Maya en Santa Cruz (departamento de Quiché) y la entidad internacional Derechos en Acción.

Inserto en el clima de intimidación, el Comité de Unidad Campesina (CUC) denunció que sujetos desconocidos, aparentemente pistoleros de terratenientes del departamento de Izabal (nororiente) amenazaron de muerte al labriego Adalberto Roldán.

Junto con Roldán, líder de la comunidad de San Vicente de Paúl, otros 10 dirigentes comunitarios han sido objeto de agresiones contra su vida de 2001 a la fecha, sin que las autoridades hayan emprendido una investigación efectiva de esas denuncias.

Tomado de www.prensalatina.com.mx


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