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Piden a gobierno poner fin a clima de impunidad
Por LAC/UCL/FT - Guatemala, 20 de abril de 2005

El gobierno de Guatemala debe concentrarse en mejorar el respeto de los derechos humanos, en particular los laborales, y el acceso a la justicia para todos sin distinción por su estatus económico, solicitó hoy una fuente humanitaria.

En un comunicado difundido en esta capital, la agrupación Amnistía Internacional (AI) expresó preocupación por el clima de impunidad prevaleciente en esta nación centroamericana, y llamó a fortalecer mecanismos no violentos de resolución de conflictos.

Al hacer un balance de los primeros 15 meses de gestión del ejecutivo presidido por Oscar Berger, AI pidió "tomar medidas concretas para poner fin a la impunidad y mejorar el respeto a los derechos humanos" de los guatemaltecos.

Sugirió varias recomendaciones, como "poner fin a los abusos cometidos en el contexto de las disputas sobre tierras y acerca del impacto potencial que las políticas de libre comercio pueden tener sobre los derechos humanos".

El informe deplora que entre el 1 de enero y el 25 de febrero pasados, al menos 26 defensores de las garantías individuales fueron víctimas de abusos, incluidos ataques y amenazas de muerte.

Igualmente, muestra preocupación por las muertes a manos de miembros de las fuerzas de seguridad durante incidentes en manifestaciones organizadas para protestar contra la minería y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Respecto a las violaciones a los derechos de las mujeres, instó a las autoridades a investigar y esclarecer los asesinatos contra personas de ese sexo, que en 2004 sumaron 527 y en lo que va de 2005 ya superan los 150.

Las cifras pudieran ser mayores, pues según AI, en Guatemala "existen serias deficiencias en la colección y administración de datos y una seria falta de coordinación entre las diferentes instituciones del Gobierno que se ocupan de la violencia".

Exhortó, por otro lado, a detener las disputas por tierras, principalmente entre comunidades rurales pobres y terratenientes ricos, y urgió al gobierno a no practicar más desalojos de campesinos ocupantes de fincas.

La ya desmantelada Misión de Verificación de la ONU para Guatemala documentó en 2004 por lo menos 31 desalojos de comunidades rurales, más de la mitad de ellos violentos.

Tomado de www.prensalatina.com.mx


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