Defensores de la infancia denunciaron hoy un preocupante incremento de la prostitución, la pornografía y el turismo sexual de menores en Guatemala, en cuya capital la cifra de niñas y adolescentes "sexoservidoras" asciende a dos mil.

Según un estudio de la organización humanitaria Casa Alianza, dedicada a proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, esta capital ocupa el primer lugar en el abuso sexual de menores, seguida de las fronteras con México, El Salvador y Honduras.

La cifra de víctimas en todo el país es incierta, a decir de entidades gubernamentales y no oficiales, pero afirman que en su mayoría las explotadas sexualmente son niñas salvadoreñas y, en menor medida, hondureñas y guatemaltecas.

Como norma, las menores son traídas de forma ilegal desde Honduras y El Salvador con la promesa de empleos en Guatemala, una nación a la que los traficantes definen como "tierra de oportunidades". Sin embargo, al llegar aquí son obligadas a prostituirse.

La inmensa mayoría de las muchachas, agrega el informe de Casa Alianza, es confinada en casas pequeñas en malas condiciones de seguridad y salubridad, donde viven ocultas y en espacios reducidos, mientras que prestan sus servicios en burdeles disfrazados de baños turcos, salones de masaje y baños sauna.

El estudio se realizó del 25 de noviembre de 2002 al 19 de agosto de 2003 a partir de visitas a 284 establecimientos donde se tenía indicios de ese tipo de prácticas, pero fuentes de Casa Alianza aseguran que de entonces a la fecha las cifras aumentaron.

Durante las pesquisas en los 284 prostíbulos se verificó la presencia de menores de edad en 197 de ellos, teniendo las más jóvenes entre 13 y 17 años de edad.

El testimonio de una joven víctima de abusos sexuales, a quien por razones de seguridad se identificó como Teresa, relató que los dueños de prostíbulos las obligaban a ingerir alcohol, las golpeaban y las forzaban a consumir todo tipo de drogas.

Lo anterior confirma estadísticas de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia guatemalteca, según las cuales, el 42 por ciento de las menores explotadas se ha iniciado en la drogadicción, el 24 por ciento ha quedado embarazada de sus proxenetas y el 23 por ciento padece infecciones de transmisión sexual.

La investigación de Casa Alianza reveló igualmente la hipótesis de que las redes de explotación infantil están articuladas a las que se dedican al tráfico de migrantes, las cuales ofrecen documentación y trabajos falsos o las extorsionan para "engancharlas" (atarlas a esa actividad).

Por otro lado, el estudio evidenció que las niñas más pequeñas permanecen ocultas en sótanos o habitaciones al fondo de los prostíbulos y son destinadas a "clientes especiales", mientras se constató que los dueños de esos antros mantienen estrechas relaciones con las autoridades encargadas de la seguridad pública.

En el primer trimestre de este año el Ministerio Público logró rescatar de los burdeles sólo a 14 adolescentes en igual número de operaciones conjuntas con la policía y autoridades de migración, y apenas han vinculado a 16 personas a esos casos, bien por ser propietarias de los negocios o por tener a las menores bajo su custodia.