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Cultura militarista y los intentos de un viraje en Guatemala
Por Por Isabel Soto Mayedo * - Guatemala, 21 de enero de 2017

Casi paralelo a los festejos por las dos décadas de los acuerdos que pusieron fin a la guerra interna en Guatemala, cobró fuerza la polémica en torno a la vigencia del pensamiento militarista en este país centroamericano.

La controversia despegó a partir del anuncio de la eventual retirada de las calles de cuatro mil 200 efectivos del Ejército que presuntamente colaboran en las tareas de vigilancia y represión a la delincuencia en el territorio, considerado uno de los más violentos de América Latina y el mundo.

Personajes públicos como el alcalde del municipio metropolitano de Mixco, Ernesto (Neto) Bran, salieron a reclamar marcha atrás para la medida acordada por el Ministerio de Gobernación (Mingob) y el de la Defensa Nacional (Mindef) y hasta organizaron protestas masivas para dejar clara su posición.

La autoridad edil, acompañada de una veintena de vecinos, pernoctó frente al destacamento militar ubicado en la 5ª. Avenida y 4ª. Calle de la colonia Montserrat, en la Zona 4 de Mixco, para evitar que los soldados se retiraran.

Y en medio de la manifestación dejó claro su desconocimiento de lo estipulado en los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, firmados por el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el 29 de diciembre de 1996.

Esgrimió que su deber 'es hacer lo posible dentro de la ley para lograr que los altos mandos reconsideren su decisión y que sea de esta manera que regresen -los soldados- y que no se cierren los destacamentos'.

La idea del Mindef es sacar al 50 por ciento de los elementos este año y el otro año el 50 por ciento, para centralizarlos a todos en la Zona 1 de Mixco. A mí como alcalde no me funciona tenerlos a todos allí', añadió.

Asimismo insistió en que la presencia militar contrarrestó la violencia y hasta contribuyó a reducir las extorsiones, delito que la fuerza castrense jamás investiga.

'Es disuasivo, es un tema de percepción, un ladrón al saber que hay un soldado, no viola, no roba, no asesina', remarcó.

Mientras, en espacios televisivos de este país, algunos periodistas reconocidos por su conservadurismo hacían mofa de quienes cuestionaban la postura de Bran y aplaudían lo que pudiera ser el preludio de la desmilitarización de las calles en Guatemala.

Para ciertos comentaristas poco o nada significa que finalmente sea escuchada la demanda de una buena parte de la población: La decisión de las autoridades de retirar de las calles a cuatro mil 200 soldados que participan en la lucha contra la delincuencia en este país compensará a quienes en reiteradas ocasiones pidieron sacar al Ejército de la vía pública y dejarlo dedicado a resguardar las fronteras y seguridad nacional.

Guatemala sufrió la guerra más larga y cruenta de las registradas durante la segunda mitad del siglo pasado en Centroamérica y el 90 por ciento de los crímenes cometidos en ese contexto fueron atribuidos a esa fuerza castrense o bandas paramilitares relacionadas con esta.

El proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) muestra las razones que contribuyeron al rechazo casi general a los militares en este país, pese a involucrarse en acciones civiles, sobre todo a partir de la llegada al gobierno de Jimmy Morales.

Ese programa documentó más de 54 mil violaciones a los Derechos Humanos de 1960 a 1996 y la mayoría de las brutalidades cometidas por los soldados en esos años, incluidas masacres, torturas, violaciones masivas, desapariciones forzadas, mutilaciones y otros crímenes.

Resultado de esas acciones miles de familias guatemaltecas lloran todavía a algún muerto o desaparecido, si se considera que el conflicto acabó con la vida de 200 mil personas, dejó 50 mil desaparecidos, un millón de exiliados y refugiados, 200 mil huérfanos y 40 mil viudas.

El Remhi reflejó, además, que nueve de cada diez víctimas de la guerra eran civiles desarmados, en su mayoría indígenas.

Por todo esto es bien recibido por algunos el plan para eliminar la participación de los militares en tareas de seguridad pública y enfocar la lucha contra la criminalidad desde una perspectiva civil, según señaló el titular del Mingob, Francisco Rivas, aunque ello puede tardar todavía un año.

De acuerdo con el ministro, en la primera fase del proceso iniciado el lunes 2 de enero serán reorganizados los cuatro mil 200 soldados que apoyan a la Policía Nacional Civil (PNC) y concentrados en zonas con alta incidencia criminal.

Ello pudiera abarcar los primeros cuatro meses de 2017 y después será reducida al 50 por ciento la presencia de esa fuerza militar en las calles, hasta completar su retiro total al final del año, precisó.

Rivas explicó que en próximos meses graduarán a unos cuatro mil policías, que se sumarán a los 37 mil agentes que operan en el país, y eso permitirá ocupar la vacante que dejarán los soldados en la batalla por revertir la ola de violencia que dejó cuatro mil 520 muertos en 2016 en Guatemala.

A su vez el ministro de la Defensa Nacional, Williams Mansilla, señaló que los miembros de la fuerza castrense se concentrarán en las funciones relativas a la seguridad en fronteras y perímetros de las cárceles, además de otras de tipo humanitario frente a desastres asociados al cambio climático.

El plan ha sido presentado por el Mingob al Consejo Nacional de Seguridad y este lo aprobó, agregó el jerarca militar y puntualizó que todavía de enero a abril cooperarán con los planes de seguridad ciudadana en 30 municipios de los seis departamentos en los cuales existen mayores índices de criminalidad.

Incluso, dejó por sentado que después del retiro de los soldados de las calles, el año próximo estos continuarán vigilando en el perímetro de las cárceles en Guatemala.

CULTURA DE GUERRA EN PRIMER PLANO

Aunque el imaginario popular y la sociología militar insisten en identificar al militarismo con su parte más visible, el desarrollo de la industria bélica y de los aparatos militares en función de la guerra, cada vez es más aceptado que este fenómeno es todo un cuerpo ideológico.

Esta doctrina saltó hace tiempo los muros de los cuarteles, para lograr infiltrarse en las bases culturales de nuestras sociedades, y subyace en gran parte de las prácticas políticas habituales en cada una de estas, acorde con informes del Servicio Paz y Justicia en América Latina (Serpaj AL).

El hogar y la escuela son los lugares por excelencia para la reproducción de la fe religiosa y de todo tipo de ideologías; en estos se crea un universo, una dimensión cultural, un imaginario simbólico, que luego sirve como mecanismo de regulación social, indican.

Basta una mirada a la redonda para comprobar que tanto esas instituciones, como las estatales, religiosas, organizaciones civiles y movimientos sociales, reproducen con frecuencia estilos de dirección, de toma de decisión y hasta organigramas similares a los de las fuerzas castrenses.

Según la politóloga Cynthia Enloe, la proclividad al autoritarismo, a la imposición física, a la uniformidad entre las personas y a la competitividad, más que la convivencia en sociedad, son muestras de la persistencia de una cultura de guerra que lleva a la aceptación del exceso en las funciones legales de las corporaciones militares.

El predominio del militarismo también puede constatarse en la complicidad de muchos seres humanos con los actos que pueden llevar a la anulación pública de los adversarios y en ciertas ocasiones hasta su desaparición física, concuerdan autores como Martin Shaw, Anthony Giddens y otros. Es cada vez más obvio que en medio del belicismo reinante incurre en pecado mayor quien se atreve a desafiar los cánones impuestos por obra de un mercado deformado y de los medios de difusión masiva.

Estos son los principales instigadores de que vistamos y comamos igual, andemos con cabelleras rubias, delgados y depilados hasta los huesos, y pendientes de los productos tecnológicos de última generación, sin importar la utilidad que puedan reportarnos o los problemas más allá de nuestras narices.

De tal suerte, pareciera que en este amanecer de siglo la sociedad marchara a ritmo militar y funcionara como un cuartel general, donde apenas existen subordinados obligados a acatar órdenes sin atreverse a cuestionarlas.

Este sistema autoritario y verticalista condena a aquellos que abogan por lo plural, lo diferente, cuya disidencia puede ser castigada de las formas más crueles, independientemente del objeto o fin de sus demandas.

La militarización reproduce estructuras patriarcales de dominación perjudiciales a millones de mujeres y hombres, sobre todo a quienes cuya orientación sexual difiere de la establecida por los cánones, estructuras y políticas sociales.

Estas personas padecen por lo general el irrespeto a sus derechos ciudadanos ante la incidencia de un fenómeno que refuerza un patrón marcadamente discriminatorio y excluyente, erigido sobre la lógica del poder heterosexual, monogámico, blanco, adulto y masculino.

Convenciones sociales, prácticas religiosas, jurídicas y políticas, inciden igual en la prevalencia de la marginación contra las y los 'diferentes' y en algunas ocasiones avalan acciones de fuerza en detrimento de estos seres humanos.

Miembros de organizaciones antimilitaristas, académicos y defensores de los derechos de las personas, convienen en que el patriarcado extendido hace varios siglos es el causante principal del arraigo de la ideología militarista.

Ambos reproducen las difíciles condiciones en que viven miles de millones mujeres pobres, negras, indígenas, desplazadas, violentadas, violadas, asesinadas, invisibilizadas y excluidas.

Junto a niños y niñas, ancianas y ancianos, ellas constituyen la parte más vulnerable de la sociedad y cargan en sus espaldas el peso de la militarización creciente, porque sus cuerpos son mirados como trofeo de guerra, susceptible de violencia sexual, prostitución, trata de personas y otras materias degradantes.

Guatemala cuenta en su haber con sobrados ejemplos de lo que implica el predominio del militarismo, ideología que estima la guerra, la aplicación de la violencia, y atribuye a las fuerzas armadas primacía en la sociedad.

El militarismo se nutre de la demonización del otro y ve el conflicto como un ataque, no como una oportunidad de diálogo, considera el académico chileno Guillermo Cortes; pero de acuerdo con Martin Shaw, Anthony Giddens y otros autores, los militares no son los únicos responsables y exponentes de la ideología militarista.

La conjugación de factores sociopolíticos, económicos y un cúmulo de acciones conscientes, posibilitan la entronización en el imaginario social de esta corriente; mientras, políticos, intelectuales y otros civiles apoyan y hasta dirigen programas de distinta naturaleza con tales enfoques.

Con base en esas afirmaciones, es comprensible que para buena parte de guatemaltecos y guatemaltecas la permanencia de los militares en las calles sea la solución más salomónica a la criminalidad latente, a los secuestros, a las extorsiones, a las violaciones sexuales y otros tragos amargos de cada jornada.

Los resultados de encuestas de opinión realizadas por distintos medios de prensa y varios comentarios en las redes sociales ponen los pelos de punta: hasta el exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983) es invocado como prueba de que vale la mano férrea de los militares para limpiar las calles de lacras.

Poco importa a los que propagan esta idea la historia de terror detrás del autor intelectual de la matanza de más de mil 700 mayas ixiles, lo que vale es que durante su mandato de facto el exgeneral impuso el pavor y con ello sacó de escena a muchos delincuentes comunes.

Que la seguridad quede en manos de la Policía Nacional Civil (PNC) es considerado absurdo y peligroso por los apegados a esta corriente de pensamiento, por lo general los mismos que achacan a los pueblos originarios la culpa del presunto atraso de este país centroamericano por su apego al racismo.

En el bando opuesto aparecen organizaciones de derechos humanos que denuncian de manera reiterada los efectos de la militarización de la seguridad ciudadana en Guatemala, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó retirar al Ejército de las calles en 2015. El informe 'Situación de los derechos humanos en Guatemala: diversidad, desigualdad y exclusión', emitido por el ente regional, señala en su apartado 173 que 'una de las respuestas del Estado a la violencia y la inseguridad ha sido la creciente participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad interior'.

De acuerdo con esa fuente, 'la intervención militar en seguridad ciudadana no ha dado resultados positivos porque la violencia y criminalidad no han disminuido significativamente en el país'.

Asimismo recuerda 'que la presencia permanente del Ejército en temas de seguridad ciudadana contraviene los Acuerdos de Paz, porque ésta es competencia exclusiva de las fuerzas civiles policiales y dificulta el fortalecimiento del poder civil'.

Por consiguiente, la retirada del Ejército de las calles daría cumplimiento a una de las 38 recomendaciones dejadas por la CIDH al Estado de Guatemala para mejorar la imagen país, empañada por las quejas constantes de violaciones a los derechos humanos.

'Vivir para ver', diría la vecina ante tamaña controversia, sobre el tapete de la mesa hace varias décadas y con muchas posibilidades de trascender otras más, mientras salir a la calle represente un riesgo cada día en Guatemala.

*Corresponsal de Prensa Latina en Guatemala.

arb/ism

Fuente: www.prensalatina.cu


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