Un fallo que debe emitir hoy la Corte de Constitucionalidad (CC) respecto al pago del gobierno de una indemnización a ex paramilitares mantiene tenso el ambiente político en Guatemala, ante una posible protesta de esos sectores.

Los ex miembros de las ya desarticuladas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) amenazaron con salir a las calles si este lunes la CC resuelve declarar inconstitucional el desembolso prometido por las autoridades como resarcimiento por su apoyo al ejército durante el enfrentamiento a la guerrilla.

La impugnación a esa medida fue presentada el 21 de noviembre del año pasado por activistas de derechos humanos y desde entonces representantes de los más de 500 mil ex paramilitares han presionado al presidente Oscar Berger para que cumpla con un ofrecimiento hecho por su antecesor, Alfonso Portillo.

"Sabemos que la CC quiere dictaminar sentencia en contra de los ex patrulleros. Si lo hace estaremos tomando medidas de hecho de forma indefinida", advirtió Felipe Taxón, integrante del Consejo Nacional de los ex PAC.

Al respecto, Berger señaló que no tolerará los bloqueos de carreteras ni la toma de edificios públicos que anunciaron esos sectores si el fallo judicial prohíbe resarcirlos.

"No estoy enterado de que haya planes de hacer bloqueos, pero no vamos a tolerarlos. Nuestro gobierno es de puertas abiertas, pero no vamos a permitir esos desórdenes", subrayó el domingo el mandatario en declaraciones a emisoras locales.

Tanto Portillo, que apoyaba al candidato oficialista, el ex dictador Efraín Ríos Montt, como Berger, entonces presidenciable por la Gran Alianza Nacional, avivaron durante la pasada campaña electoral las esperanzas de los ex paramilitares llegando a calificarlos de ciudadanos que dieron "un gran aporte a la Patria".

Los grupos de paramilitares fueron articulados en la década de los 80 del pasado siglo por el ejército guatemalteco en busca de apoyo para combatir a la insurgencia, pero de victimarios, ahora intentan presentarse como víctimas, denunció en reciente diálogo con Prensa Latina la dirigente indígena Rosalina Tuyuc.

Llegando a constituir un contingente de casi un millón de efectivos, los ex PAC (disueltos en 1995) fueron responsabilizados por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico auspiciada por la ONU, de un gran número de atropellos y violaciones de los derechos humanos contra la población civil durante el conflicto armado.

En base al ofrecimiento de Portillo, ese sector exige que se les complete una indemnización de cerca de 650 dólares, de los cuales la inmensa mayoría recibió un primer abono de alrededor de 250 dólares en 2003.

De acuerdo con analistas, el propio Berger alentó las posibles acciones de los ex PAC, pues hace apenas una semana durante una visita al norteño departamento de Petén, los instó a presionar a la CC para que favoreciera el pago.

Cristóbal Orellana, líder de los ex paramilitares de Petén, dijo que "si la Corte no nos da la mano o una respuesta favorable, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer".

En julio de 2002 unos 10 mil ex miembros de esas fuerzas irregulares paralizaron varias regiones de Guatemala al bloquear carreteras e impedir la actividad en el aeropuerto petenero de Santa Elena, el segundo en importancia del país.