Como un paso histórico contra la impunidad calificaron hoy en Guatemala la orden judicial de abrir los archivos militares vinculados a los programas contrainsurgentes ejecutados durante el gobierno golpista de Efraín Ríos Montt.

"Cuando se tienen jueces con el valor y la ética suficientes para aplicar las leyes, tal y cual deben ser, se avanza hacia la justicia", dijo a Prensa Latina Edda Gaviola, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos.

Según Gaviola el dictamen emitido hoy por un tribunal donde exige entregar los expedientes de los planes militares de los años 81 al 83, abre un agujero en el muro de la impunidad en el país.

La medida del juzgado se refiere a los programas Victoria, Firmeza 83, Operación Sofía y Operación Ixchil, desarrollados por la institución castrense para contener a las fuerzas insurgentes.

Dichos planes se tradujeron en una política de tierra arrasada durante la cual desaparecieron decenas de poblados, murieron miles de personas y cientos de miles debieron abandonar sus lugares de origen para salvar la vida.

El juez refutó, asimismo, una resolución interna del Ministerio de Defensa, según la cual todos estos documentos son secretos militares y sólo pueden conocerse pasados 30 años.

Según Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, se trata de una medida trascendental para contribuir a las investigaciones del genocidio en Guatemala contra la población indígena campesina.

Orlando Blanco, de la Comisión Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos, aseguró que la decisión del juzgado permitirá conocer los planes de campaña utilizados por el ejército en los años más violentos de la guerra.

La Asociación por la Justicia y la Reconciliación intenta llevar ante la ley a Ríos Montt y a los otros autores intelectuales y materiales de los excesos cometidos contra la población civil.

Además de la acción presentada ante los tribunales guatemaltecos, el ex dictador está sujeto a una orden de captura internacional emitida por las cortes españolas, donde le siguen proceso por genocidio.