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Grupos de DDHH impugnarán pago a ex paramilitares
Por TGJ/Ulises Canales L. - Guatemala, 21 de agosto de 2004

Agrupaciones defensoras de los derechos humanos de Guatemala anunciaron hoy su intención de impugnar un decreto legislativo que autoriza indemnizar a miles de ex paramilitares, decisión que también podría vetar el presidente.

El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) preparan las impugnaciones contra un decreto aprobado de urgencia nacional por el Congreso, mediante el cual el Ejecutivo tendría que desembolsar más de 300 millones de dólares en los próximos dos años.

Miguel Angel Albizures, del CALDH, señaló que la decisión adoptada el jueves por 89 de los 158 diputados es inadecuada, dado que la Corte de Constitucionalidad (CC) ya se había pronunciado de forma negativa respecto al tema.

El pasado 21 de junio la CC declaró ilegal el pago prometido por el presidente Oscar Berger a los antiguos colaboradores del ejército en el combate a la insurgencia durante el conflicto armado guatemalteco (1960-1996), alegando mal procedimiento.

Según la CC, es el Congreso el único autorizado a alterar el presupuesto del Estado, de donde saldrían los fondos para resarcir a más de 500 mil ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (ex PAC), aunque ellos aseguran ser más de un millón.

Albizures indicó que el equipo jurídico de CALDH trata de identificar los artículos de la Carta Magna que serían violados si el mandatario Berger cumple con el decreto del Congreso.

Por su lado, Nery Rodenas, director de la ODHA, consideró que persiste la violación al artículo 155 de la Constitución, en cuyo cuarto párrafo reza que "ninguno de los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles".

Rodenas comentó que esperan conversar con otras organizaciones defensoras de los derechos humanos a fin de presentar una impugnación en forma conjunta.

El presidente Berger dejó entrever hoy la posibilidad de vetar la normativa, pues sancionarla tal como fue aprobada implicaría sacrificar la inversión en salud, educación e infraestructura.

A juicio de Frank LaRué, jefe de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y antiguo titular de CALDH, el decreto en mención contiene inconstitucionalidades desde el momento en que no se fija la fuente de financiamiento para hacer efectivo el pago. "Si no se le consigna la fuente, está condenado al fracaso", remarcó.

LaRué, al igual que varios de los partidos políticos que se opusieron en el Congreso a sancionar la iniciativa de ley, se pronunció porque el Legislativo busque una alternativa como la creación de proyectos comunitarios que beneficien a los ex PAC, a las víctimas civiles de la guerra y de la pobreza.

Los ex paramilitares fueron virtualmente reactivados por el presidente Alfonso Portillo (2000-2004), al prometerles un resarcimiento de unos 680 dólares a cada uno, pagaderos en tres plazos, compromiso que asumió Berger con idénticos fines electorales a finales de 2003.

El acuerdo del Congreso fijó hasta 2006 el plazo para pagar a los ex PAC, pese a que la bancada de la oficialista Gran Alianza Nacional (GANA) lo rechazó porque se inclinaba por un período mayor (2008), alegando iliquidez financiera en el gobierno.

Tomado de www.prensalatina.com.mx


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