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Vinculan a empresarios y militares con grupos ilegales
Por FG/Ulises Canales L.- Guatemala, 21 de septiembre de 2004

Investigadores denunciaron hoy que empresarios y militares retirados de Guatemala controlan los grupos armados clandestinos que operan en el país con el propósito de preservar intereses del Estado.

De acuerdo con el informe "Poderes Ocultos en la Guatemala Post conflicto", presentado en esta capital, los grupos clandestinos surgieron como un legado de la violencia generada por la guerra en Guatemala (1960-1996) y subsisten infiltrando las instituciones estatales para proteger sus intereses.

La investigación fue realizada por Susan C. Peacock y Adriana Beltrán, y avalada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

En 129 páginas con gráficas, testimonios y documentos recabados por los autores, se ilustran casos bien conocidos por los guatemaltecos que exponen la magnitud y el impacto que tienen en la sociedad esas estructuras, denominadas aquí Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad.

De hecho, uno de los principales objetivos del material es persuadir a las instancias judiciales del país sobre la conveniencia de crear la Comisión para la Investigación de esos grupos, conocida como CICIACS.

Beltrán, especialista en política internacional y socióloga de la WOLA, destacó que el gobierno del ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004) promovió ante la ONU la instalación de la CICIACS para realizar las indagaciones, pero ese propósito se vio frustrado en virtud de un fallo adverso de la Corte de Constitucionalidad (CC).

La CC determinó que la creación de ese ente contraviene lo estipulado en la Carta Magna, en tanto interferiría en las funciones del Organismo Judicial y del Ministerio Público, instancias responsabilizadas con las pesquisas y persecución penal de los hechos ilícitos.

Según refiere la autora en el libro entregado a periodistas, "junto con su influencia en la burocracia estatal, los 'poderes ocultos' tienen relaciones con la mayoría de los partidos y actores políticos de Guatemala".

Ejercieron influencia durante el gobierno de Portillo y han continuado sus actividades ilícitas durante el gobierno de Oscar Berger, apuntó, para remarcar que esos poderes paralelos "se cuidan de no ser procesados valiéndose de sus conexiones políticas, de la corrupción y, de ser necesario, de la intimidación y la violencia".

Tras el fallo adverso de la CC, Berger aseguró que trabajaría en función de una nueva propuesta, igualmente avalada por la ONU, para permitir que la CICIACS pueda operar en el país.

Movimientos civiles sostienen que esas estructuras procuran encubrir redes de traficantes, contrabandistas y otras operaciones criminales, y se encargan de fomentar la impunidad, a partir de información confidencial que utilizan para amedrentar a los grupos humanitarios, periodistas, jueces y fiscales, entre otros.

"Los grupos ilegales armados y sus patrocinadores deben ser investigados, identificados y procesados si se quiere un avance en el proceso de paz y la consolidación de la democracia en Guatemala", sentenció Beltrán.

Tomado de www.prensalatina.com.mx


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