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Tildan de irresponsable a presidente por pago a ex PAC
Por LAC/Ulises Canales L.- Guatemala, 22 de septiembre de 2004

El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) calificó hoy de irresponsable la decisión del presidente de Guatemala, Oscar Berger, de sancionar un decreto legislativo que autoriza una millonaria indemnización a ex paramilitares.

La agrupación defensora de los derechos humanos consideró que la actitud asumida por el mandatario, favorable al resarcimiento de los ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (ex PAC) "es igual de imprudente que la asumida por la administración del ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004).

Portillo reactivó a los ex PAC, quienes apoyaron al ejército en el enfrentamiento a la insurgencia durante el conflicto armado (1960-1996), con ofrecimientos económicos para agenciarle votos al Frente Republicano Guatemalteco durante los pasados comicios.

De acuerdo con Mario Polanco, dirigente del GAM, el pago aprobado viola el artículo 155 de la Constitución del país, que establece en su último párrafo que "ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o prejuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles".

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico documentó más de 200 mil muertos y desaparecidos durante los 36 años de guerra guatemalteca, y atribuyó unas 400 masacres y violaciones de los derechos humanos (más del 90 por ciento del total) al ejército y a los paramilitares que lo apoyaron.

La decisión inmadura adoptada hace algunos días por el gobernante generará, en un corto plazo, un ambiente de ingobernabilidad que lo dejará sin ningún apoyo y respaldo de la población, sostuvo la agrupación humanitaria en un comunicado.

El GAM reiteró que la indemnización causará un daño irreversible a la economía nacional, debido a que el Estado tendrá que erogar este año por lo menos dos millones de quetzales (unos 250 mil dólares) que no estaban contemplados en el presupuesto, lo cual incrementará la inflación.

Por su lado, Leonel Padilla, experto asociado del Instituto de Relaciones Internacionales e Investigaciones para la Paz (IRIPAZ), valoró de triste la decisión de Berger de sancionar el pago a las ex paramilitares y de lamentable consecuencia de la idea de Portillo de movilizarlos.

"La decisión presidencial fue para la ciudadanía como recibir un cántaro de agua fría", subrayó el investigador, al recordar que la reactivación de las ex PAC tuvo fines electoreros en su momento, quedando como una mala herencia para el actual ejecutivo.

En su opinión, el compromiso de compensación económica, en todo caso, corresponde a las Fuerzas Armadas, a las que apoyaron los ex irregulares, pero de ninguna manera debe recaer en el gobierno y mucho menos en el Estado, sacrificando el presupuesto de la nación.

Padilla argumentó su rechazo a la medida en el hecho de que cuando se trata de las consecuencias de una guerra insurreccional como la que ocurrió en Guatemala, se debe priorizar el resarcimiento a las víctimas del conflicto. "Esos millones deberían destinarse a las viudas y a los inválidos de ambos bandos", acotó.

Entretanto, representantes de organizaciones de derechos humanos adelantaron que presentarán la próxima semana una acción de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo que autoriza la indemnización que adquirió rango de ley el pasado lunes.

Tomado de www.prensalatina.com.mx


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