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Rechazan leyes que otorgan privilegios a militares
Por RC/Ulises Ccanales L. - Guatemala, 22 de septiembre de 2005

Sectores sociales e instituciones que velan por el Estado de Derecho en Guatemala reiteran hoy su rechazo a la pretensión de círculos legislativos de aprobar leyes que otorgan privilegios a militares, tanto activos como retirados.

Los críticos de las maniobras que tienen lugar en el Congreso (unicameral) argumentan que se busca favorecer a los miembros del ejército mediante la aprobación denormativas que, de hecho, sustituirían el actual Código Militar.

Según varios juristas, esos cuerpos legales son "inconstitucionales" porque irrespetan el derecho de igualdad ante la ley.

Consultada por Prensa Latina, la dirigente de la agrupación Seguridad en Democracia (SEDEM), Iduvina Hernández, afirmó que las iniciativas de ley "alimentan la impunidad, tienen un sello de cobardía y favorecen la corrupción".

Una de las propuestas persigue que los delitos comunes cometidos por uniformados se conozcan en tribunales castrenses, en tanto otra normativa se refiere a la penitenciaría militar, asuntos procesales castrenses y el funcionamiento de la jurisdicción en ese ámbito.

"Los delitos comunes sólo pueden ser juzgados por tribunales ordinarios", señaló el analista Mario Fuentes, al apuntar que, si prosperan los cambios propuestos, se violaría la Carta Magna, porque se contraviene el principio de igualdad ante la ley.

En un tono similar se pronunció Arnoldo Ortiz Moscoso, presidente de la Comisión Nacional del Fortalecimiento a la Justicia, quien consideró que "ya es tiempo de que los militares, sin importar su rango, dejen de ser ciudadanos privilegiados".

Por su lado, Mayra Palencia, de la Coalición por la Transparencia, destacó que las pretendidas modificaciones devendrían un gran obstáculo a la justicia.

La afirmación se refiere a las limitaciones para perseguir penalmente a militares involucrados en actos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y otros delitos comunes.

Al respecto, Hernández comentó que militares implicados en el desfalco de unos 120 millones de dólares al Ministerio de la Defensa y en fraudes en el desaparecido Estado Mayor Presidencial, serían los principales beneficiados.

Incluso, acotó, resultarían favorecidos ex oficiales como el general (r) golpista Efraín Ríos Montt (1982-1983), sobre quien pesan sindicaciones de crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Alejandro Urízar, de Acción Ciudadana, destacó que la aprobación de la ampliación de competencias para los tribunales castrenses es contraria a los acuerdos de paz suscritos aquí en 1996, porque fortalecerían el poder militar, en detrimento del civil.

Para la presidenta del Colegio de Abogados de Guatemala, Yolanda Pérez Ruiz, retomar el fuero militar "es emitir una Ley de Impunidad, que afectaría lo ya alcanzado en el sistema judicial".

"Es lamentable que los diputados redacten leyes casuísticas", señaló, por otro lado, Alvaro Castellanos, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar (privada).

Castellanos valoró el procedimiento legislativo como "una forma terrible de usar el poder, porque no hay ley más perversa que la que tiene dedicatoria".

Fuente: www.prensalatina.com.mx


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