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Surge polémica por resarcimiento a víctimas de guerra
Por FG/UCL- Guatemala, ,26 de enero de 2005

Agrupaciones de derechos humanos de Guatemala expresaron hoy malestar por la decisión del gobierno de utilizar un millonario fideicomiso para compensar económicamente a miles de ex paramilitares.

Rosalina Tuyuc, presidenta de la Comisión Nacional de Resarcimiento (CNR), consideró que los ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (ex PAC) no fueron afectados directos de la guerra y defendió indemnizar a quienes sufrieron la represión.

En declaraciones ofrecidas ayer en ocasión de conmemorarse aquí el Día de la Dignidad de las Víctimas, el mandatario Oscar Berger admitió que su gobierno justificó a través de un fideicomiso 39,2 millones de dólares para proyectos a afectados por la beligerancia.

Sin embargo, se estima que esa suma finalmente será utilizada para compensar a los ex PAC, de quienes el gobernante dijo que también fueron víctimas del conflicto, pese a que asistieron al ejército en la represión a poblaciones indígenas y campesinas.

La decisión ha provocado controversia y rechazo entre los familiares y sobrevivientes de las atrocidades cometidas por el ejército y sus colaboradores durante los 36 años de enfrentamiento a la insurgencia.

Para respaldar los proyectos a los ex patrulleros, el gobierno de Berger destinará 445 millones de quetzales (unos 58 millones de dólares) para el Fideicomiso Fondo Nacional para la Paz, creado desde 1992.

Esa instancia tiene como misión fundamental impulsar y ejecutar proyectos de desarrollo en comunidades víctimas de la guerra.

Tuyuc, fundadora de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), y otros líderes de grupos humanitarios no ve la posibilidad de pedir que esos recursos sean trasladados al Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), a cargo de la CNR.

Cifras avaladas por la ONU indican que más de 200 mil personas murieron y desaparecieron en este país durante el enfrentamiento armado, por lo que se presume sea tres veces más el número de familiares o personas afectadas por la represión castrense.

Quienes apoyan a los ex PAC señalan que mientras las víctimas cuentan con un programa oficial que les repartirá el equivalente a 392 millones de dólares en 10 años, los ex aliados del ejército afrontan problemas para recibir 15,6 millones en tres años.

El líder ex paramilitar Felipe Yaxón abogó por "un pago igual para todos", en tanto el diputado opositor Otto Pérez valoró conveniente ver a esos grupos de manera separada.

 

Fuente: www.prensa-latina.cu


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