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Ex guerrilla demanda cumplimiento de acuerdos de paz
Por LAM/Ulises Canales L.- Guatemala, 26 de diciembre de 2004

La diputada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG, ex guerrilla) Alba Estela Maldonado exigió hoy avances concretos en el cumplimiento de los acuerdos de paz suscritos en el país en 1996.

Maldonado lamentó que los tres gobiernos establecidos en Guatemala desde la rúbrica del pacto pacificador "han desperdiciado la posibilidad de hacer avanzar el país en un sentido solidario, humano y democrático, profundamente nacional".

La ex comandante guerrillera, conocida con el seudónimo de Lola, defendió los Acuerdos para una Paz Firme y Duradera como la más completa agenda política de transformación del país.

Sin embargo, señaló, "los ocho años de aceptación retórica" de los compromisos negociados por parte de los gobernantes obedecen a la postura a favor de las clases dominantes y en detrimento de los más desposeídos.

Al respecto, señaló que "la naturaleza transformadora planteada por los acuerdos de paz en el conjunto de reformas políticas, sociales, culturales, económicas y fiscales (.) afectan los intereses de los grandes capitales y de los intocables poderes".

Definió a esos sectores como dueños absolutos del patrimonio nacional y del destino del país que se han distanciado del espíritu y la letra del arreglo pacificador, porque "el bloque oligárquico-empresarial y el ejército nunca le apostaron a su cumplimiento".

"Son ocho años caracterizados por las privatizaciones del gobierno de (Alvaro) Arzú (1996-2000) y el privilegio otorgado por (Alfonso) Portillo (2000-2004) a los representantes de un nuevo poder económico y los poderes paralelos", puntualizó la diputada.

Añadió que las acciones del gobierno de Oscar Berger, que tomó posesión en enero de este año, también "privilegian y fortalecen los intereses de empresas transnacionales".

Son el respaldo incondicional a los megaproyectos y otros negocios que benefician a reducidos círculos empresariales, remarcó la legisladora.

Explicó que esas acciones no contemplan el crecimiento económico ni el desarrollo humano del conjunto de la población ni de los sectores más empobrecidos, "porque no son su prioridad ni encajan en su concepto de desarrollo".

Para la URNG, los acuerdos presuponen el fortalecimiento de "un Estado democrático y de Derecho, fuerte, conductor del desarrollo e impulsor de manera decidida de las políticas fiscales redistributivas".

Además, ese Estado debe ser garante de la aplicación de las políticas orientadas hacia la seguridad social de toda la población, pero ha incumplido gran parte de los compromisos, acotó.

Ello -afirmó- ha llevado al debilitamiento y desmantelamiento de la autoridad estatal, la ausencia de medidas efectivas para sanearla, fortalecerla y avanzar en la aplicación de la ley y la justicia.

Tales fragilidades "permiten que el crimen organizado, la corrupción y la revitalización de los poderes paralelos se enquisten en el Estado", subrayó, al definir el pacto pacificador como la única posibilidad inmediata de desarrollo para Guatemala.

Tomado de www.prensalatina.com.mx


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