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Niega acusaciones líder campesino
Por MGT/RR - 27 de enero de 2005

El líder de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) de Guatemala, Daniel Pascual, negó hoy versiones según las cuales hombres armados protagonizan las ocupaciones de fincas.

Pascual señaló que al menos en las 40 fincas en las que la CNOC participa en los procesos de negociación no existen armas y llamó a quienes dicen tener información sobre el tema que digan dónde es que existen supuestos grupos de campesinos con medios bélicos.

Aseguró que con anterioridad la CNOC denunció la presencia de grupos de paramilitares infiltrados en los conflictos agrarios y hasta ahora las autoridades no han hecho nada para detener y desarmar a esos elementos ajenos al sector campesino.

Pascual dijo que esa versión de que existen labradores armados en las fincas ocupadas es una burda campaña de desprestigio para justificar acciones violentas pues "se busca criminalizar las demandas de tierras que no han sido satisfechas en el país".

Las declaraciones de Pascual respondieron a un informe oficial, según el cual en 68 de las 102 fincas ocupadas actualmente por campesinos sin tierras existen armas de fuego, lo cual dificulta el cumplimiento de órdenes de desalojo dictadas por tribunales.

Un documento del Ministerio de Gobernaciòn indica que en las fincas de Alta y Baja Verapaz, Retalhuleu, San Marcos, Quiché y El Progreso los invasores poseen armas de fuego, que van desde escopetas caseras y morteros de metal hasta fusiles de asalto.

La existencia de las armas complica a las autoridades la ejecución de las órdenes de desalojo dictadas por los tribunales contra los capesinos, mientras por otro lado los propietarios exigen el pronto cumplimiento de lo dispuesto por los juzgados, añade el texto.

Carlos Enrique Zúñiga, presidente de la Cámara del Agro, insiste en que la existencia de armas en fincas ocupadas no debe evitar la aplicación de la ley y añadió (a nombre de los terratenientes) "esperar que se cumpla con las órdenes de desalojo".

El tema de la supuesta tenencia de armas por campesinos cobró fuerza después que el miércoles la CNOC exigiera juzgar a los propietarios de una finca privada ubicada a 110 kilómetros al oeste de aquí, a quienes acusó de asesinar a seis labriegos.

El también dirigente de la CNOC Aparicio Pérez dijo a la prensa que el terrateniente Jorge Fernández, uno de los propietarios de esa finca en el departamento de Suchitepéquez, "actuó de forma brutal, bestial y sanguinaria contra los campesinos".

Pérez se refirió a la matanza de cinco personas, entre ellos un niño de 13 años, ocurrida el lunes último en ese lugar donde guardias privados al servicio de Fernández abrieron fuego contra los indígenas entre quienes dejaron además a siete heridos de gravedad.

Otro campesino, Pedro Mariano Tambriz, secuestrado por sicarios armados de Fernández el viernes último, también fue hallado muerto de varios disparos en unos matorrales de esa hacienda, con señales de haber sido torturado.

El violento incidente ocurrió cuando un juez, acompañado de agentes policíacos y miembros de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), llegaron el lunes a la finca "El Corozo" para investigar sobre la denuncia de la desaparición de Tambriz.

Tambriz había sido capturado cuando consumía naranjas dentro de la finca y mientras los campesinos reclamaban su devolución resultaron atacados por guardias privados en presencia de la policía y el juez, que no intentaron nada para evitar la matanza, insistó Pérez.

La víspera, en el entierro de las víctimas, los pobladores de las aldeas de Sampoj y Santa María Ixtahuacán, en Sololá, convocados por el Comité de Campesinos Unidos, demandaron justicia por los crímenes perpetrados en la finca "El Corozo".

El cortejo desfiló pacíficamente y luego permaneció frente al edificio de la Gobernación Departamental, resguardado por una nutrida fuerza policiaca, pero no se reportaron alteraciones del orden público.

Los vecinos entregaron un texto dirigido al gobernador departamental, Juan Carlos Contreras, y al Ministerio Público (Fiscalía), donde solicitaron que este crimen no quede impune.

Tomado de www.prensalatina.com.mx


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