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Morir en Guatemala
Por ARC/Ulises Canales - Guatemala, 27 de agosto de 2005

Luchadores sociales de Guatemala afirmaron hoy que "la soberanía del país agoniza", en la misma medida en que la impunidad prevalece y el Estado de Derecho es cada vez más incapaz de garantizar justicia social.

El veterano político Alfonso Bauer Paiz, ministro durante el gobierno revolucionario de Jacobo Arbenz (marzo de 1951 a junio de 1954), denunció que en Guatemala "no existe un Estado de Derecho" desde el derrocamiento de ese proceso con ayuda de Estados Unidos.

A partir del fracaso de la revolución, indicó Bauer, la mayor parte de la legislación "sirve más a Estados Unidos y a las políticas de globalización neoliberal, desatendiendo las necesidades de las grandes mayorías, principalmente indígenas".

El sistema jurídico vigente es "discriminatorio e injusto", deploró el luchador social en diálogo con Prensa Latina, al citar como ejemplos la falta de acceso a la justicia de gran parte de la población y el no reconocimiento del Derecho indígena.

A lo anterior se suman la incapacidad del gobierno para encarar la violencia, la intimidación a los operadores de justicia, los linchamientos y las acciones de los cuerpos ilegales, así como la escasa cobertura policial en las provincias.

Bauer participó en el encuentro internacional "Impunidad versus Estados de Derecho", que concluyó hoy aquí con la asistencia de activistas humanitarios de Chile, Argentina, México y El Salvador.

Por su lado, el director de la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT), Gustavo Meoño, consideró necesario que el sistema judicial "responda" para enfrentar problemas como hostigamiento, ataque y persecución a defensores de derechos humanos.

Citó como ejemplo fehaciente de impunidad los hechos de la finca Emaus, en el departamento de Escuintla, donde hace 25 años fueron secuestrados y desaparecidos 17 jóvenes y líderes sindicales.

"Ninguno de los responsables de ese secuestro ha respondido ante un tribunal", lamentó Meoño a Prensa Latina, al recordar que la acción ocurrió durante el régimen de facto del general Fernando Romeo Lucas García (1978-1982).

Agregó que el próximo 29 de agosto el gobierno del presidente Oscar Berger pedirá perdón público, a nombre del Estado, por el secuestro masivo de ocho estudiantes universitarios en 1989, durante el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1990).

En ese sentido, criticó que Cerezo es actualmente diputado al Congreso nacional y "jamás ha respondido ante la justicia, pero, además, con toda desfachatez anuncia su intención de reelegirse", si logra que se modifique la Constitución.

"Sólo la impunidad puede permitir eso", subrayó el directivo de la FRMT, al aseverar que "ni uno solo de los altos mandos militares y políticos responsables de crímenes de lesa humanidad en Guatemala ha respondido ante los tribunales hasta ahora".

El activista humanitario Miguel Angel Albizures recordó que un relator de la ONU sobre el tema sugirió que para sentar precedente en la lucha por las garantías individuales en el país se debía suspender los derechos políticos a genocidas del pasado.

A criterio de Meoño, en esta nación prevalecen factores de carácter estructural, como el mal funcionamiento de la administración de justicia, burocratismo, subordinación al poder político y abuso del empleo del recurso de amparo.

Por lo mismo, consideró responsabilidad del gobierno actual "remover esas estructuras para facilitar una cultura capaz de enfrentar a cualquier poder, político, económico o militar, y enjuiciarlo si fuera necesario".

Por su lado, el analista Luis Ramírez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, aseveró que entre los guatemaltecos cunde el miedo, precisamente porque "no hay voluntad política para enfrentar la impunidad".

Ramírez abogó porque el Ministerio Público (MP), el Ministerio de Gobernación y el Organismo Judicial "se hagan cargo de esa verdad que pesa en la historia de nuestro país".

Recordó que altos mandos de los gobiernos dictatoriales de Lucas García y Efraín Ríos Montt (1982-1983) han sido sindicados de genocidio ante instancias judiciales de España y el país, pero "no avanza la acusación ni prospera la investigación desde MP".

Según Edda Gaviola, directora del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, los 36 años de guerra interna en este país, la magnitud del genocidio y el nivel de las desapariciones forzadas "tienen un peso importantísimo para generar miedo".

La única alternativa de cambio, coinciden diversos sectores involucrados en la defensa del Estado de Derecho, es la unidad de las organizaciones "para derribar los muros de la impunidad".

Fuente: www.prensalatina.com.mx - 260805


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