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Grupos de DDHH exigen desmilitarización de sociedad
Por RC/UCL.- Guatemala, 29 de junio de 2005

Organizaciones sociales de Guatemala exigieron hoy la desmilitarización de la sociedad, al atribuir a grupos clandestinos presuntamente vinculados al gobierno las 102 agresiones contra activistas humanitarios en lo que va de 2005.

Miguel Angel Albizures, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), dijo a Prensa Latina que desde el 1 de enero al 22 de junio de este año se documentaron atropellos contra personas o entidades, a razón de uno cada 33 horas.

Alertó que la oleada de atentados, básicamente intimidaciones, amenazas y allanamientos de sedes, destaca por la continuidad y gravedad de las agresiones, y sin llegar a la mitad del año, ya se aproxima al total registrado en 2004, que fueron 125 ataques.

CALDH ha sido una de las entidades más acosadas en 2005, apuntó Albizures, al mencionar que entre los atentados más recientes está el del 25 de junio, cuando fue allanada la oficina del Sindicato de Trabajadores de la Educación, justo el Día del Maestro aquí.

Recordó que los guatemaltecos defensores de las garantías individuales presentaron denuncias no solo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino otros organismos internacionales, e incluso se quejaron con el gobierno.

Se reunieron con el gabinete de Seguridad del presidente Oscar Berger y hasta el momento no hay una respuesta satisfactoria, y el problema tiene mucho que ver con los patrones que se repiten en cuanto a robo de documentación.

Los luchadores sociales reiteraron su demanda al gobierno para que instale en el país la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), pero la respuesta ha sido negativa e insuficiente, acotó.

"Lo que se ofreció fue una fiscalía especial que hasta la fecha no ha sido instalada, eso crea inseguridad y tiende a paralizar las acciones de los grupos y, por supuesto, es un peligro que pasen a hechos como asesinatos de defensores de derechos humanos, dijo.

Según Albizures, en el diálogo con el gabinete de seguridad, el vicepresidente, Eduardo Stein, admitió la posibilidad de que se recurra a esos métodos de eliminación física por los grupos clandestinos, pero adujo incapacidad del gobierno para combatirlos.

Las 23 agrupaciones que critican la postura oficial demandaron al Ministerio Público iniciar procesos de investigación contra las estructuras responsables de los ataques en su contra, e indagar en las direcciones de Inteligencia Militar y Operaciones del ejército.

"Es oportuno establecer posibles vínculos con aparatos clandestinos que actúan en contra de los defensores de los derechos humanos", puntualizaron las organizaciones, al exigir también "la supervisión efectiva del ejército".

Desde su perspectiva, existe un peligro potencial de que la institución armada "camine nuevamente (como lo hizo durante los 36 años de conflicto armado) hacia el desborde en el cumplimiento de su función".

Tomado de www.prensalatina.com.mx


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