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Presos políticos: a Eduardo Bin defender el agua del Lago de Izabal le costó su libertad
Por Nelton Rivera - Guatemala 28 de enero de 2018

Eduardo Bin es vicepresidente de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, es maya q’eqchi’ y tiene una trayectoria amplia de participación campesina y de liderazgo social. En 2017, junto a la gremial decidieron denunciar que el agua del lago se estaba contaminando con la actividad minera, pidieron explicaciones pero ninguna institución estatal les dio respuestas. Por movilizarse y hacer pública la contaminación del lago, la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN – Pronico, lo acusó penalmente, fue encarcelado hace 240 días y el juez Edgar Aníbal Arteaga López lo citó el miércoles 23 de enero para decirle que lo enviará a juicio por la acusación de la minera.

Eduardo Bin deberá enfrentar un juicio por decisión del juez de primera instancia de Puerto Barrios, la denuncia llegó como una represalia por sacar a la luz la contaminación del lago de Izabal, contaminación que nadie en el Estado quiso investigar. El juez Arteaga lo citó a otra audiencia el miércoles 23 de enero, a las 9 de la mañana, en esta audiencia el juez leyó su resolución, que dejó pendiente de hacer el 22 de enero, confirmando que el vicepresidente de la gremial ira a juicio.

El pescador tuvo que esperar que la policía lo trasladara de nuevo al final del día, a la penitenciaria en donde permanece recluido, durante dos días fue trasladado a los tribunales, en la audiencia del martes, la minera traslado a su personal de planta, para mostrar apoyo a la minera, a los gerentes poco les importa que sus trabajadores vayan forzados o condicionados.

Para el abogado Santiago Choc, del bufete de Derechos Humanos, en el proceso hay varios vicios; primero, sobre el delito de amenazas, la ley es clara que debe de ser el agraviado o agraviados quienes tienen que hacer la denuncia ante el MP, en este caso fue el abogado Iván Camey, representante legal de CGN quien hizo la denuncia, no los supuestos agraviados. Segundo, la empresa no puede ser querellante en el juicio, porque nunca lo solicitó durante la primera etapa del proceso penal, a pesar de eso insistió en hacerlo, pero el juez finalmente no pudo acreditarlos como querellantes.

Tercero, el juez se negó a beneficiar a Eduardo Bin con una medida sustitutiva a la prisión, argumentando que por ser un dirigente indígena conocido, se corría el riesgo de fuga, además argumentó que él ya tienen una medida sustitutiva en otro proceso penal que inició Fundaeco, razón por la que no podía darle la medida.

Eduardo Bin, continuará en la Penitenciaría de Puerto Barrios, privado de su libertad, a la espera de que inicie el juicio en un tribunal de sentencia, mientras tanto el tiempo seguirá corriendo y en las cárceles de Izabal, siguen habiendo pesos políticos.

El castigo por oponerse a la minería

En El Estor la información corre bastante rápido, sigue siendo un pueblo pequeño y en el tema de minería un infierno grande, la gremial de pescadores se enteró a mediados de año del 2017, que el alcalde municipal, Rony Méndez, había elaborado un listado de nombres y apellidos y que el fin del listado era para denunciar penalmente a varios integrantes de la gremial por las movilizaciones de mayo en contra de la CGN y por cuestionar la inacción de él al frente de la municipalidad con cualquier tema que tenga que ver con minería.

La sorpresa para Eduardo Bin Pou, es que él junto a Cristóbal Pop, presidente de la gremial, seis pescadores, un barbero, Carlos Ernesto Choc y Jerson Xitumul, periodistas y corresponsales de Prensa Comunitaria eran parte de los listados de gente que fue denunciada, no fue directamente por el alcalde, pero si lo hizo la CGN.

En Agosto de 2017, con la denuncia en mano, los fiscales del Ministerio Público de Izabal, la elevaron al juzgado, llegó a las manos del juez Edgar Aníbal Arteaga López y solicitó inmediatamente las órdenes de aprehensión contra los pescadores, el barbero y los dos periodistas.

Un año después Eduardo Bin fue secuestrado en El Estor el 29 de junio de 2018, en un operativo que involucró a un grupo de civiles armados a bordo de un vehículo que fue abandonado, el pescador fue trasladado en lancha hasta Santo Tomas de Castilla, ahí fue ingresado a la policía y la detención por más arbitraria que haya sido se legalizó.

Siete meses después, el juez Arteaga López resolvió que Eduardo Bin debe enfrentar un juicio oral y público, por los delitos de “detenciones ilegales, amenazas e instigación a delinquir.” Esto ocurrió 24 horas después de la audiencia en dónde Carlos Choc, Cristóbal Pop, Vicente Rax y Tomás Ché, se presentaron de forma voluntaria con el juez Arteaga, en su quinto intento en 20 meses.

En la audiencia del martes 22 de enero, el MP solicitó el sobreseimiento para los cuatro, esto quiere decir que el MP pidió al juez, que cerrara la persecución penal en contra de los pescadores y el periodista, porque sencillamente no existen pruebas para comprobar que participaron en los delitos que afirma la empresa minera, esto debería de aplicarse al caso de Eduardo Bin.

Un día después, el MP de forma contradictoria le pide al mismo juez, que para el vicepresidente de la gremial de pescadores, si resuelva que Eduardo vaya a un juicio, el juez así lo resolvió.

En El Estor la empresa minera busca a través del castigo provocado a las familias con la criminalización, el desplazamiento forzado y la cárcel, que los principales dirigentes o autoridades comunitarias q’eqchi’ cesen en su oposición a la empresa minera. Por otro lado, el juez de Puerto Barrios tiene serios señalamiento de beneficiar a la minera con las resoluciones de los casos que llegan a sus manos.

Mientras tanto, en la Penitenciaría de Puerto Barrios, se retiene a dos dirigentes indígenas de la gremial de pescadores por oponerse a la empresa minera. Lo irónico es que la investigación sobre la contaminación, los amparos ante la Corte Suprema de Justicia contra la licencia minera, la investigación del asesinato del pescador Carlos Maaz durante la manifestación reprimida por la policía no avanzan en los tribunales. Todo esto ocurre en el Caribe guatemalteco.


Fuente: www.prensacomunitaria.org/


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