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Juzgado de Puerto Barrios: la mano que asfixia la libertad de expresión
Por David Toro - Guatemala 28 de enero de 2018

Este relato es una mirada cercana al ambiente hostil y los procedimientos poco transparentes en el Juzgado de Puerto Barrios, lugar donde la justicia se inclina del lado de las empresas multinacionales y el trabajo periodístico es vulnerado.

Entre los periodistas se dice que cubrir tribunales es un verdadero reto, iniciando por los términos legales y los alegatos de las partes, que conforman un proceso en ocasiones complicado de entender. Se debe “traducir” para hacerlo entendible, además de lo impredecible que pueden llegar a ser las resoluciones de los jueces. En Puerto Barrios, Izabal, a esa dificultad hay que sumarle la actitud de algunos jueces, que intentan limitar el trabajo periodístico, y la presencia de trabajadores de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), que se encargan de vigilar, fotografiar y complicar el trabajo de los periodistas que asisten a las audiencias de las personas que esta empresa minera ha criminalizado, por denunciar y proteger la naturaleza de la contaminación que realizan en el Lago de Izabal.

Viajar a Puerto Barrios no es tan placentero cuando se debe ir al juzgado de este municipio para cubrir una audiencia. El pasado martes 22 de enero, llegamos a la audiencia de primera declaración de Carlos Choc, periodista de Prensa Comunitaria, a quien criminalizaron por haber documentado la contaminación que CGN ha hecho en el Lago Izabal, en El Estor.

Cuando llegamos al edificio del juzgado de Puerto Barrios, varios trabajadores de CGN (que se caracterizan por vestir camisas a cuadros y botas de trabajo) ya se encontraban custodiando la entrada como si fueran seguridad del Organismo Judicial. Al vernos pasar y ver nuestras cámaras y acreditación de prensa, uno de ellos no dudo en enviar un mensaje de texto por su celular. En el interior, el primer nivel estaba abarrotado de esposas e hijos de los trabajadores de la compañía que habían llegado desde El Estor a primeras horas del día.

Observamos varias personas caucásicas hablando en ruso usando las instalaciones del edificio de justicia, como si se tratara de un café donde se pueden organizar tertulias y permanecer en el lugar sin ningún fin concreto.

¿Por qué habían rusos en el juzgado de Puerto Barrios?

El Proyecto Minero Fénix, que opera en El Estor, está administrado por varias partes, una de ellas por la empresa internacional Solway Investment Group. Son rusos los empresarios que administran las cargas de níquel que salen desde Izabal en barcos rumbo al noroeste europeo. Por eso, a las familias de estos empresarios extranjeros les interesa estar presentes y presionar en los procesos legales que pueden borrar del mapa a los comunitarios q’eqchi’ que defienden la naturaleza y representan una amenaza para los privilegios de los empresarios y sus familias a costa de los mantos de níquel que exportan y la conflictividad social que han provocado y protagonizado en Izabal.

El juez Arteaga y la diminuta sala de audiencias

Luego de pasar en medio de las familias rusas y de los trabajadores de CGN, nos encontramos un obstáculo para la cobertura periodística: el juez Edgar Aníbal Arteaga —quien suspendió seis veces la audiencia del periodista Choc y lo ligó a proceso por el delito de detención ilegal, sin pruebas—. Antes de ingresar a la sala, nos sentamos frente a su despacho. La puerta es de cristal. Lo observamos preocupado, revisando su código penal mientras recibía varias llamadas. Arteaga es poco accesible a la prensa, le cuesta mucho ocultar que no simpatiza con el trabajo periodístico.

Arteaga decidió realizar la audiencia en una sala muy pequeña, con apenas una ventana. El calor característico del puerto se encierra y hace sudar a todos los presentes. Cuando entramos a la sala, fue evidente el disgusto del juez. Con un tono de molestia dijo que no podíamos permanecer adentro porque “no había espacio” y tuvimos que grabar la audiencia con la puerta entre cerrada y siendo obstruidos por una joven que acompañaba a los abogados de CGN que en varias ocasiones se cruzó ante la cámara intentando que no grabáramos de forma limpia los acontecimientos.

En el Juzgado de Puerto Barrios no existen bocinas para ampliar el sonido de las audiencias públicas y permitir que estas sean escuchadas sin dificultad por periodistas y observadores. Colocamos una grabadora en la mesa de los abogados defensores y como se podía metimos la cámara en medio de la puerta para realizar algunas tomas. Podemos decir que, aunque directamente Arteaga no impidió nuestro trabajo, al menos procuró hacerlo complicado, pues pudo haber utilizado la sala de audiencias grande ubicada en el segundo piso del juzgado, pero siempre se excusa diciendo que para obtener esa sala necesita muchos permisos.

En la audiencia, la barra acusadora, liderada por el abogado Iván Camey, expone al juez sus razones para que Carlos Choc y tres pescadores fueran procesados. Arteaga accedió a pesar de que el Ministerio Público había solicitado que se les dejara en libertad por no haber suficientes pruebas.

Al finalizar la audiencia el juez Arteaga logró escabullirse sin dejar rastro. Salió por una puerta trasera y abandonó el juzgado. Mientras tanto, cuando nosotros esperábamos a nuestro compañero (Choc) para obtener sus impresiones, una de las mujeres que llegó al juzgado con el personal de CGN, nos agredió verbalmente, indicando que si le tomábamos fotos nos iba a golpear y romper el equipo. Logramos sacar las últimas entrevistas del día en medio del ambiente hostil.

CGN logró su principal objetivo

Aunque Choc y dos pescadores lograron obtener una medida sustitutiva, el juez Arteaga dictó prisión preventiva para el presidente de la gremial de pescadores artesanales (Cristóbal Pop), cumpliendo las peticiones de la empresa minera, pues Pop es uno de los líderes comunitarios más importantes de El Estor. En mayo debemos volver al Juzgado de Puerto Barrios para la etapa intermedia de este proceso, donde las novelas inventadas por CGN han sido el único argumento que ha sostenido el juez para continuar la persecución penal contra un periodista. No descartamos tener que lidiar con nuevas dificultades impuestas por el sistema para realizar la cobertura

Fuente: www.prensacomunitaria.org


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