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Periodistas y pescadores criminalizados en Izabal
Por David Toro - Guatemala 28 de enero de 2018

El juez Édgar Aníbal Arteaga decidió ligar a proceso penal al periodista Carlos Choc y a tres pescadores de Izabal. La audiencia tardó 20 meses de espera. Arteaga suspendió las audiencias cuantas veces pudo sin justificación alguna. Hoy, a pesar de que la fiscalía del Ministerio Público pidió finalizar la persecución penal por falta de pruebas, el juez resolvió todo lo contrario. Desde el 2012, cuando llegó a Izabal, ha resuelto varios casos importantes en beneficio de la minera que contamina el Lago de Izabal.

En una de las diminutas salas de audiencia del juzgado de Puerto Barrios, en Izabal, por fin se llevó a cabo la audiencia de primera declaración —después de 5 suspensiones—. Tuvieron que pasar 20 meses para que el periodista Carlos Choc —corresponsal de Prensa Comunitaria— y tres pescadores artesanales de El Estor: (Cristóbal Pop, presidente de la gremial, Tomás Che, y Vicente Rax), todos maya q’eqchi’.

Todos fueron incriminados por la Compañía Nacional de Níquel (CGN), y por Pronico, una empresa de ucranianos que extrae níquel; ambas en sociedad con la transnacional Solway Investment Group, con sede en Suiza.

Choc documentó la contaminación del Lago de Izabal provocada por CGN en El Estor, razón suficiente para que la minera lo considerara un enemigo más.

Cristóbal Pop y sus otros dos compañeros exigieron que se investigara la contaminación, tocaron puertas ante la municipalidad, la gobernación, ministerios como el de Medio Ambiente, y la presidencia, pero no quisieron escucharlos. De ahí nació la resistencia pacífica, informando a su comunidad de todos los abusos cometidos por la empresa en contra de la naturaleza y el pueblo q’eqchi’.

En agosto apareció el abogado Iván Camey, fue quien se encargó de acusar a dos periodistas de Prensa Comunitaria, a ocho pescadores y a un barbero, acusándolos de haber retenido ilegalmente a cuatro trabajadores de la empresa, el 3 y 4 mayo del 2017 durante una manifestación pacífica frente a la empresa. Sin embargo, ese día Carlos Choc y Jerson Xitumul (los dos periodistas de Prensa Comunitaria) ni siquiera estuvieron presentes y el Ministerio Público nunca pudo dar detalle de los hechos imputados. Por esa razón la fiscalía decidió dar un paso atrás y pidió que se declarara el sobreseimiento a favor de los corresponsales y los pescadores, pero el juez Arteaga decidió actuar en contra de ellos.

Haciendo uso de una doble moral jurídica, Arteaga cuestionó la decisión del MP, argumentando que era contradictorio que pidieran el cese de la investigación. Decidió ligar a las cuatro personas por igual, ignorando los argumentos del abogado Castellanos (defensor de Carlos Choc) quien afirmó que el juez está atentando contra los derechos de libertad de expresión que este tiene como periodista. Además se presentó una carta de la municipalidad de El Estor indicando que Choc se encontraba laborando para esta entidad los días de los supuestos hechos.

La presión de CGN llevó a Cristóbal Pop a la cárcel

Para el juez, el presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales podría intentar escaparse de la justicia. Decidió que no podía beneficiarlo con la medida sustitutiva, a pesar de que durante 20 meses, en cinco ocasiones, Pop se presentó sin falta, para que el juez lo escuchara de forma voluntaria. Posiblemente, para la minera, Cristóbal sea el pez gordo que necesita castigar.

A Carlos Choc, Tomás Che y Vicente Rax, les dio una medida sustitutiva de la prisión preventiva, solamente prohibiéndoles visitar lugares en donde se venda alcohol. En la Penitenciaria de Puerto Barrios se encuentran encarcelados Eduardo Bin Pou, vicepresidente de la Gremial y —ahora— Cristóbal Pop, ambos criminalizados por oponerse a la empresa minera.

La etapa intermedia del proceso iniciará el 16 de mayo. Se espera que los cuatro sean liberados por falta de mérito, pero no sorprendería que los abogados de CGN se encarguen de retrasar el proceso nuevamente, inventar más delitos o acusaciones.

La Penitenciaría de Puerto Barrios, recibió a otro preso político más. En Cobán, está Bernardo Caal. En la zona 18 de la capital, Abelino Chub, y en Escuintla, cuatro autoridades de San Juan Sacatepéquez. Ejemplos emblemáticos de cómo están actuando empresas mineras e hidroeléctricas para encarcelar a dirigentes comunitarios, indígenas y autoridades ancestrales. Así ocurrió en Petén, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, San Juan Sacatepéquez, Santa Rosa, Chiquimula, por mencionar algunos lugares.


Fuente: www.prensacomunitaria.org


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