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Pena de muerte: retroceso legal
Por Anna Karina Rosales - Holanda, 15 de febrero de 2008

El Congreso guatemalteco ha decidido restituir el "indulto presidencial", un mecanismo que abre la posibilidad de aplicar nuevamente la pena de muerte en el país centroamericano.

En detalle, la llamada "Ley reguladora de la conmutación de pena para los condenados a muerte" establece que, una vez agotados los recursos, el condenado a esta pena podrá pedir su conmutación por el castigo de máxima prisión, 50 años. El presidente debe revisar esta petición y resolverla en un plazo determinado. La máxima autoridad del país no decide sobre la culpabilidad o inocencia del reo, sino sobre su vida.

La pena de muerte había quedado suspendida en Guatemala desde el año 2000, luego de un decreto parlamentario que le quitó al presidente esta responsabilidad, con lo que a partir de entonces se abrió un vacío legal y no se podía aplicar la pena a pesar de existir sentencias.

La discusión sobre la moción que en la práctica reactiva la pena de muerte, fue promovida por el opositor Partido Patriota, y tuvo un abrumador apoyo: 140 votos de los 143 parlamentarios presentes en el hemiciclo. Sólo el partido Encuentro por Guatemala, que impulsó la candidatura de la Premio Nóbel Rigoberta Menchú en las elecciones presidenciales pasadas, se opuso a la norma.

Las reacciones no se han hecho esperar. Los sectores más perjudicados por la situación de violencia, y probablemente hartos de la impunidad, aplauden la decisión. Entretanto las organizaciones humanitarias lamentan la decisión, considerada por ellos "un paso atrás" en el camino al respeto de los derechos fundamentales.

"En el ambiente de inseguridad y de delincuencia del post-conflicto en Guatemala, además con los problemas que se comentan en la administración de la justicia, el uso de esta pena es aún más problemático" sostiene Susan Kemp, defensora de derechos humanos de la organización Impunity Watch.

La especialista internacional espera que las autoridades guatemaltecas reconsideren la decisión y recuerda que Guatemala había votado tratados internacionales a favor de una moratoria global contra las ejecuciones."En ese sentido debería ser coherente y consistente frente a la comunidad internacional" concluye.

Escuche la entrevista con Susan Kemp, de la organización Impunity Watch. Windows Media

Fuente: www.informarn.nl - 140208


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