Revista electrónica de discusión y propuesta social 
Revista · Documentos · Archivo · Blog   Año 14 - 2019

::::albedrío::::

Revista
Editorial
Artículos
Entrevistas
Noticias

linea

Redacción

linea

Enlaces

linea

SiteMap
Contacto


Otros documentos de consulta

De orden internacional
De carácter oficial
Comunicados

 

 

 

Reforma legal garantizaría impunidad por crímenes de lesa humanidad en Guatemala
Por Vinicio Chacón - Guatemala, 14 de febrero de 2019

Este miércoles podría aprobarse en segundo debate una serie de polémicas modificaciones legales que dejarían sin pena incluso delitos ya juzgados.

El parlamento guatemalteco podría aprobar este miércoles una controversial reforma a la Ley de Reconciliación Nacional, la cual “pretende una amnistía general para anular los procesos y condenas en contra de militares por su responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad”, de acuerdo al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

A través de un comunicado, esa organización denunció que “este contexto regresivo pone en riesgo serio los avances históricos en materia de justicia, en tanto, de promulgarse, se anularían las sentencias proferidas en casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto interno”.

La Ley de Reconciliación Nacional fue promulgada en 1996 y determinó la “extinción total de la responsabilidad penal de los delitos comunes” conexos con “los delitos políticos cometidos en el enfrentamiento armado interno, hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley, y comprenderá a los autores, cómplices y encubridores de los delitos contra la seguridad del Estado, contra el orden institucional y contra la administración publica”.

La reforma pretende ampliar esa “extinción de responsabilidad” a crímenes que fueron excluidos de la ley, como la tortura, genocidio o desaparición forzada. Incluso va más allá, pues establece su aplicación de manera retroactiva, con lo cual se absolvería a las personas condenadas por ello.

La reforma fue propuesta por el diputado Fernando Linares, del Partido Avanzada Nacional (PAN) y superó el 19 de enero la votación en primer debate. Aún de votarse afirmativamente este miércoles, requeriría de un tercer debate.

Desde el CEJIL se denunció las graves implicaciones de la iniciativa, sobre todo porque afecta casos como el de la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen, perpetrada por el Ejército durante el conflicto armado interno, y las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de su familia.

De hecho, el próximo 11 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebrará una audiencia pública para revisar el cumplimiento de la sentencia condenatoria contra el Estado de Guatemala por ese caso.

El CEJIL denunció que el efecto regresivo de la reforma “pone en riesgo serio los avances históricos en materia de justicia”, pues “se anularían las sentencias proferidas en casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto interno”.

”OFENSA PARA EL PUEBLO”

La organización destaca el caso de la sentencia alcanzada en el proceso judicial impulsado por la familia Molina Theissen el 23 de mayo de 2018, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo C de Guatemala condenó a cuatro de los cinco militares de alto rango por los crímenes cometidos contra Marco Antonio y su hermana Emma, quien también fue retenida por militares, cuando tenían respectivamente 14 y 20 años de edad. Emma logró escapar tras nueve días.

Lucrecia Molina Theissen, hermana de ambos, manifestó que “tras casi 37 años de lucha, nuestra familia logró alcanzar justicia, pero ahora el Estado guatemalteco pretende anular los avances que hemos conseguido. Esta es una ofensa para el pueblo de Guatemala. Exigimos que el Estado rinda cuentas ante la Corte Interamericana y cumpla con su obligación de garantizar justicia para nosotras y para decenas de miles de víctimas de desaparición forzada, torturas, violencia sexual y tantas otras violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto”.

Por su parte Marcela Martino, subdirectora de CEJIL para Centroamérica y México calificó la iniciativa de ley como “una intención más de procurar la impunidad en este y otros crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto”.

Tras destacar que el juicio que condenó a cuatro militares por la desaparición del menor Marco Antonio Molina “se llevó a cabo en el marco del debido proceso, con un tribunal independiente”, aseveró que “en lugar de revictimizar a su población, Guatemala debe reconocer la verdad y garantizar justicia a quienes, como la familia Molina Theissen, luchan para que estos hechos no se vuelvan a repetir”.


Fuente: https://semanariouniversidad.com


Copyright © El credito de las contribuciones es única y exclusivamente de los autores. El contenido de las contribuciones no representan necesariamente la opinión de la revista; los autores son responsables directos del mismo.